Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
Tras la escandalosa fuga del capo Joaquín Guzmán, era obligada la destitución de Monte Alejando Rubido como Comisionado Nacional de Seguridad, quien tenía como una de sus obligaciones impedir que –precisamente- algo así ocurriera. Pero además él no estaba haciendo ninguna contribución relevante a resolver el problema de la inseguridad en el país.
La tendencia a la baja en la cifra de homicidios dolosos que venía presentándose desde 2011 se frenó, de acuerdo con las últimas cifras difundidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
En el saldo de bajas derivado del combate al narcotráfico en México, el Ejército también ha pagado su cuota. Casi 2 mil efectivos de la principal fuerza armada de México han muerto o han sido heridos desde que Felipe Calderón le declaró “la guerra a las drogas”; guerra que, salvo cambios en el discurso, mantiene el presidente Enrique Peña Nieto.
Cuando el Presidente Enrique Peña está por rendir su tercer informe de gobierno y a tres meses y tres semanas de completar la mitad de su mandato, hay focos de violencia y crimen que se mantienen incólumes en el país.
Quienes son los responsables últimos de la campaña de desprestigio contra el Presidente Enrique Peña, por supuestos actos de corrupción, están dispuestos a seguir acosándolo hasta el último día de su mandato (y le falta la mayor parte del mismo: poco más de 39 meses).
Más allá de la rocambolesca fuga, el caso de Joaquín El Chapo Guzmán debe enfocarse como un asunto grave de seguridad nacional del Estado.
