Seguridad, Justicia y Paz
Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 
El camino a Tancítaro, pueblo de campesinos en Michoacán, pasa por barrios pobres y territorios controlados por cárteles, en este estado que es el centro de la guerra contra el narcotráfico en México, antes de llegar a un paisaje tan extraño que parece un espejismo.
La discusión sobre la nueva Ley de Seguridad Interior es un extraño juego de paradojas. Por un lado, los activistas que dicen representar al pueblo se quejan de la militarización de la seguridad; pero el pueblo, aterrado por la violencia y harto de la corrupción de las policías, exige la presencia del Ejército.
Los legisladores se disponen a convertir en ley el papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, lo que ha desatado críticas que señalan que eso mantendrá a los soldados en las calles de manera indefinida y significará la suspensión de derechos civiles básicos.
En octubre se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso. La cifra es la más alta registrada en un mes en nuestra historia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La misma nota señala cuándo se había registrado el récord anterior: apenas en junio de este mismo año, con 2 mil 238 asesinatos.
México pasó de tener seis organizaciones criminales, dedicadas principalmente al narcotráfico, a contar ahora con 400 grupos criminales que sumaron en sus actividades delitos como el secuestro, la extorsión, robo de combustible y hasta asaltos a tren.
En su búsqueda por reclutar a soldados de a pie, el cartel tuvo pocas dificultades para atraer a Edwin Alberto López Rojas, de 18 años: él era quien los estaba buscando.
