La violencia en los municipios de México 
(2020)


Más abrazos, más balazos

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx

15 de junio de 2021

Presentación

La principal razón por la cual -a partir de 2013- iniciamos el estudio periódico sobre la violencia en los municipios (de más de 100 mil habitantes) en el país, fue la decisión del entonces presidente de la república, Enrique Peña, de buscar reducir la violencia mediante la llamada “prevención social del delito”. Se trataba de un mayor gasto en programas de acciones no coercitivas del Estado frente a la delincuencia. 

La esencia de esta orientación, que continuaba y llevaba más lejos similar política del gobierno de Felipe Calderón, era la del reparto de subsidios entre segmentos de la sociedad que se identificaban como propensos a delinquir. Los subsidios, con los gobiernos de Calderón y Peña eran indirectos, mientras que han sido directos con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Con el gobierno de Peña los subsidios se hacían efectivos mediante cursos de capacitación, campañas de concientización, fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas y la “recuperación” de espacios públicos, principalmente.

Para tal propósito el gobierno identificó a un centenar de municipios en los que enfocaría la llamada “prevención social del delito”. Con el paso del tiempo el universo de intervención se fue expandiendo. La gran mayoría de los municipios de aquel programa eran de 100 mil o más habitantes y de población predominantemente urbana.

Para determinar los resultados de esa política desarrollamos nuestro estudio de periodicidad anual desde 2013 (y sólo se omitió el correspondiente a 2016). Para ello definimos un universo de los municipios de 100 mil o más habitantes. Se trataba de municipios predominantemente urbanos y en los que con antelación se sabía se concentraba la incidencia criminal en general y de los delitos violentos en particular.

Para este estudio periódico partíamos de una hipótesis: que la llamada prevención social carece de toda eficacia en reducir la incidencia de los delitos en general y la violencia en particular. Hemos sostenido y sostenemos que, conforme a la experiencia universal y nacional, las únicas maneras efectivas de prevenir el delito son:

* Fijar a la policía metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios y hacer depender de su cumplimiento la permanencia en los cargos en las instituciones de seguridad pública.

*Paralelamente establecer al ministerio público metas para el abatimiento de la impunidad, mediante la investigación efectiva de todas las denuncias, la obtención de muchas más órdenes de aprehensión, el cumplimiento de esos mandamientos judiciales y el lograr cada vez más sentencias condenatorias.

*Adoptar como política de Estado completa desarticulación de las estructuras de los grupos criminales, de la misma manera en que debe procederse contra toda amenaza sediciosa o subversiva

La experiencia ha confirmado una y otra vez nuestra hipótesis. En los municipios en los que se aplicó el programa de “prevención social del delito”, los niveles de la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevados que antes. 

Hay estados, regiones o municipios en los que coyunturalmente baja la violencia. Pero esto no depende de la “prevención social del delito”, sino sobre todo de las decisiones de los grupos criminales y la resultante de sus pugnas.

En “prevención social del delito” se gastaron más de 16 mil millones de pesos (casi 3 mil millones con Calderón y más de 13 mil millones con Peña) sin ningún resultado. Fue dinero tirado a la basura. El país terminó siendo más violento e inseguro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso profundizar y llevar al límite esa política absolutamente errónea. Sólo en su primer año y en un solo programa (“Jóvenes construyendo el futuro”), el nuevo gobierno en 2019 se gastó 43 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que gastaron en “prevención social del delito” los gobiernos de Calderón y Peña. En 2020 gastó 26 mil millones de pesos y para 2021 el presupuesto es de 21 mil millones de pesos.

Y el resultado de haber gastado desde 2009 más de 100 mil millones de pesos en la supuesta “prevención social del delito” ¿cuál fue? Que no por muchos “becarios” dejó de haber sicarios; la violencia empeoró, no disminuyó.

El fundamento de la “prevención social del delito” es una falacia: que las personas “roban por necesidad”; que determinadas condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal. No hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición. Se trata de puro dogmatismo ideológico de la “criminología” socialista.

Para refutar esas patrañas anticientíficas y porque en general debemos medir periódicamente la evolución de la incidencia de la violencia, es que hemos mantenido este estudio periódico, el Índice de Violencia Municipal.

Asimismo, el nivel gobierno más cercanos a los gobernados es precisamente el municipal. La seguridad pública municipal es la primera línea de defensa. Y aunque en delitos como el homicidio doloso, el secuestro o al extorsión hay responsabilidades compartidas entre los tres niveles de gobierno en otros delitos tales como las violaciones, lesiones dolosas y robo con violencia la responsabilidad de prevención recae en primer lugar en la policía municipal.

En esta ocasión el estudio, además de presenta dos novedades:

* La comparación de los años 2015 y 2020 del índice de violencia de los municipios de más de 100 mil habitantes. El segundo es el más reciente del que existe y el primero es más más lejano del que existe información completa. La estadística sobre incidencia criminal con nivel de desagregación municipal empezó a difundirse desde 2011, pero hasta 2014 los datos eran incompletos e inconsistentes, de ahí que el Sistema Nacional de Seguridad Pública hoy ofrezca los datos de 2015 en adelante.

* La construcción del índice de violencia de todos los municipios del país. En realidad se trata de 2,463 de los 2,469 municipios, porque de seis de nueva creación no hay datos de incidencia criminal del Sistema Nacional de Seguridad Pública: San Quintín (Baja California); Seybaplaya (Campeche); Honduras de la Sierra (Chiapas); Coatetelco, Xoxocotla y Hueyapan (Morelos).

Las cifras de población para 2020 son las del censo general de población levantado por el INEGI el año pasado y las de 2015 corresponden al Encuesta Intercensal de ese año. 

La cifra de municipios de 100 mil o más habitantes es inferior a las cifras de los tres años previos, pues se basaban en estimaciones del Consejo Nacional de Población, que resultaron ligeramente más elevadas en comparación con las del censo.

En los 234 municipios había en 2020 un total de 83,687,328 habitantes, quienes constituyeron el 66.41% de la población del país y en donde tiene lugar también el 81.32% de los seis delitos que el estudio considera: homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión. 

Específicamente en estos municipios ocurrieron el 69.30% de los homicidios dolosos en el país; el 63.00% de los secuestros; el 75.75% de las violaciones; el 75.79% de las lesiones dolosas; el 87.00% de los robos con violencia y el 77.39% de las extorsiones.

Como se expondrá, cuando se compara 2015 con 2020 hay diferencias acentuadas entre las tasas, puntuación del índice y posiciones relativas de los municipios de más de 100 mil habitantes.

Igualmente, hay diferencias pronunciadas -para 2020- entre los 234 entre el listado de municipios de más de 100 mil habitantes y el listado completo de todos los municipios. Por ejemplo en listado de todos los municipios ordenados de mayor a menor índice de violencia, de los primeros 20 sólo tres figuran al mismo tiempo entre los primeros 20 del listado de los 234 municipios de 100 mil o más habitantes. 

1. Metodología

Datos demográficos

Hasta 2015 ejercicios recurrimos a nuestras propias estimaciones de población, pero a partir de 2017 utilizamos las estimaciones del CONAPO. Sin embargo cuando hay datos del censo o de encuestas intercensales a estos recurrimos.

Datos de incidencia delictiva

Respecto a los datos de incidencia delictiva, el imperativo es conciliar dos necesidades primordiales: que los datos sean los más actuales que sea posible y que también sean lo más completos.

El sistema de generación y difusión de estadística criminal en México ha tenido importantes progresos en los últimos años. Este sistema es cada vez más transparente, más desagregado y puntual en su difusión.

Esto permite que a poco más de un mes de concluido el año anterior, sea posible contar con cifras oficiales completas, en lugar de recurrir a proyecciones y estimaciones.

La fuente de la información de los datos es el SNSP, mismos que pueden consultarse y descargarse en esta dirección de Internet:

https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-del-fuero-comun-nueva-metodologia?state=published 

Sin embargo las cifras del SNSP siguen presentando una deficiencia conceptual importante que viene desde los inicios del sistema estadístico oficial y el cual no se ha corregido y homologado con las mejores prácticas internacionales en la materia.

Ese defecto consiste en que lo que el SNSP entiende por delitos no se ajusta a la práctica universalmente aceptada. Está consiste en contar todos los delitos que cada persona haya sufrido durante un evento criminal.

Por el contrario, el SNSP ha contado averiguaciones previas, después carpetas de investigación y “delitos en carpetas de investigación” sin que esto esté unívocamente definido. Más recientemente se ha contado el número de víctimas, lo cual ofrece una mayor aproximación a la realidad de la incidencia criminal oficialmente registrada, pero no existe desagregación municipal, sino sólo estatal. Además las cifras con desagregación estatal no incluyen datos sobre robos con violencia.

En 2020 en la cuenta sobre “delitos” del SNSP se consigna un total de 29,766 homicidios dolosos (en el nivel de desagregación tanto estatal como municipal), pero en la cuenta de víctimas se registran 35,498: la segunda cuenta es un 19.26% inferior a la primera.

Esto es, las cifras de “delitos” (únicos disponibles con nivel de desagregación municipal) subestiman la realidad de la incidencia delictiva. Pero en tanto estas deficiencias en la estadística se corrigen, se cuentan realmente los delitos (víctimas) en los municipios, no hay más remedio que tomar los datos con todo y sus defectos. 

No sobra recordar que los datos oficiales sobre incidencia delictiva apenas son una parte de los delitos realmente ocurridos. Con la única excepción de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los delitos acaecidos no figuran en los registros oficiales, son la “cifra negra”.

Esto en principio podría remediarse con las encuestas de victimización. Pero, por un lado, tenemos fuertes reservas sobre la confiabilidad de los resultados de las encuestas del INEGI y su metodología y, por otro, esas encuestas no tienen nivel de desagregación municipal.

Índice de Violencia Municipal

El cálculo de las tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes revela que municipios están más o menos afectados por cada uno de los seis delitos violentos, pero por sí mismos no permiten responder a la pregunta: ¿Cuál es más violento que otro considerando las tasas de los distintos delitos?

Es decir, con un índice de violencia se trata de tener un solo parámetro capaz de expresar en forma unitaria las tasas de incidencia de cada uno de los seis delitos.

Una forma simple, pero muy inexacta, de responder a la pregunta sería elaborar un promedio de las tasas de los seis delitos, para luego ordenar los promedios y así determinar a qué municipio corresponde la primera posición – es el más violento- y después el resto.

Para medir la magnitud de la violencia es necesario reconocer tantos sus aspectos puramente cuantitativos como cualitativos y, para lo segundo, las consideraciones objetivas y subjetivas.

Los delitos violentos y en general todo tipo de delitos no se presentan en cantidades iguales, en tiempo y espacio, ni tienen efectos iguales. Objetivamente el efecto de un homicidio es mucho mayor al de un atraco o una extorsión. 

Pero además, los delitos están tipificados y merecen penas diferenciadas, según su categoría y diversas condiciones en que tienen lugar. La sentencia prevista por el código penal para cada delito expresa la intensidad del reproche que la sociedad hace a quienes violentan sus reglas de convivencia y el reproche es diferenciado, según el grado en que ella se siente vulnerada y amenazada.

Para elaborar el índice, por tanto, no puede darse una calificación igual a los seis delitos, sino una ponderada, en atención a su gravedad, impacto, trascendencia y perjuicio causado a las víctimas directas e indirectas.

Pero esta es la dimensión cualitativa del asunto, pero ¿la cuantitativa? Por ejemplo los robos con violencia o las lesiones dolosas son más frecuentes que los homicidios o los secuestros, es decir los menos graves suelen ser más frecuentes que los más graves ¿Cómo integrar entonces este aspecto?

Este punto ya está resuelto en principio con, precisamente la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, la cual permite hacer comparaciones entre jurisdicciones de igual categoría (municipios con municipios, entidades federativas con entidades federativas), pero con diferencias de población y de incidencia criminal.

El componente que realmente falta es el determinar el peso específico o valor ponderado a dar a cada delito. La idea es que el índice resulte de multiplicar las tasas por el valor ponderado que a cada tipo de delito se haya asignado. Al otorgarse estos valores ponderados se corrige la diferencia entre frecuencia y gravedad de los delitos.

En tal sentido, se consideró que la calificación del índice debía expresarse sobre la base de 100 puntos y distribuir esta cantidad entre los diferentes delitos, del modo siguiente:

•    55 puntos para homicidio doloso
•    22 puntos para secuestro
•    13 puntos para violación
•    4 puntos para lesiones dolosas
•    3 puntos para robos con violencia
•    3 puntos para extorsión

La asignación de estos valores no es caprichosa, responde a criterios justificados y fijos, que toman en consideración:

•    El reproche diferenciado que las leyes penales hacen a los distintos delitos.
•    Las condenas que en efecto se imponen a los autores de los distintos delitos (dentro de los márgenes de mínima y máxima pena).
•    La trascendencia objetiva del delito.
•    La duración (promedio) del evento criminal.
•    Los perjuicios físicos, económicos y psicológicos que el delito causa a las víctimas directas e indirectas.
•    La perdurabilidad del trauma causado por el evento criminal.
•    Las posibilidades en principio de la recuperación de la víctima
•    El efecto que para el conjunto social tiene cada tipo de delito.

El homicidio doloso es el delito más grave porque objetivamente es el más perjudicial, al imponer a la víctima un daño definitivo, irreparable e irreversible. Por eso, por constituir la más intolerable de las faltas, el reproche penal es el más severo. Sólo cuando en otros delitos se presenta la agravante de la muerte de la víctima, la condena se equipara a la reservada a los autores de homicidio. En promedio la condena del homicidio calificado suele duplicar o más la del siguiente delito más grave, que es el secuestro.

El homicidio doloso supera por sí mismo, dada su gravedad, a los cinco delitos violentos restantes, incluso considerados en su conjunto, de ahí que se le atribuya 55 de los 100 puntos.

El siguiente delito en escala de valoración es el secuestro, cuya gravedad supera a los cuatro restantes en virtud de que:

•    Bajo las condiciones de secuestro la víctima se encuentra bajo la amenaza real y con frecuencia materializada de sufrir asesinato, violación, tortura, lesiones y mutilación.
•    Mientras que la duración de los otros eventos criminales se mide en minutos, el plagio se prolonga por días y semanas. Durante ese tiempo no sólo la víctima directa sino sus allegados viven una permanente situación de crisis.
•    Los secuestros producen un daño patrimonial mucho más severo y producen un trauma que suele prolongarse por el resto de la vida, incluso de manera más persistente que la violación.

Por eso se le atribuyen los 22 puntos que casi equivalen a la mitad de los asignados al homicidio.

Tras del secuestro en la escala se considera al delito de violación, pues aunque los eventos suelen ser de menor duración que los secuestros, constituyen una forma extrema de humillación de la víctima y también producen un trauma psicológico mucho más prolongado que el que resultan de las lesiones dolosas. Con frecuencia las violaciones suelen ser acompañadas por lesiones y robos. Por estas consideraciones se atribuye, para efectos de construcción del índice, 13 puntos a este delito, es decir poco más del 50% que se atribuye al delito de secuestro.

En esta lógica de valoración, restan 10 puntos de 100 que se reparten entre los delitos de lesiones, robo con violencia y extorsión.

¿Por qué otorgar 4 puntos a lesiones y no más? Para empezar en realidad no se trata sólo de lesiones sino de “golpes y lesiones” y la mayoría de estos casos, se da en el marco de riñas. 

La información sobre la incidencia de las lesiones dolosas no hace distinción entre agravadas y no agravadas, es decir entre aquellas que causan daños severos y duraderos (además de poner en riesgo la vida) y las que no.

Por otro lado, la información judicial sobre la severidad de las sentencias no distingue entre lesiones dolosas y culposas, pero sus datos dan una idea aproximada de la gravedad de las lesiones. En 2011 de las 12,902 sentencias condenatorias impuestas a los responsables de lesiones, el 81% fue de 3 años o menos de prisión y el 93% de 5 años o menos de prisión.

En siguiente lugar en la escala de valoración figuran los delitos de robo con violencia y extorsión. En el primero se hace un mayor uso de la violencia física y crea riesgos de lesiones y homicidios que el segundo, pero la extorsión, sobre todo cuando se torna periódica, provoca en las comunidades una sensación profunda de inseguridad y falta de autoridad, además de causar perjuicio económico más severo y prolongado que la gran mayoría de los atracos. Por tener una severidad equivalente, al balancear sus agravantes y atenuantes, se concede similar valor a estos dos delitos. 

Una vez establecidos los valores ponderados de los seis delitos, en la construcción del índice procede multiplicar las tasas por los valores o factores de ponderación de cada delito. Las cantidades resultantes se suman y dan el puntaje del índice de violencia de cada municipio.

Pero la multiplicación no se hizo por enteros, sino por decimales: en lugar de 55 el valor fue 0.55 para homicidio, 0.22 para secuestro y así sucesivamente. El propósito es que los resultados se expresaran en decenas, las cuales permiten una mejor visualización de las cantidades que en centenas o millares. Pero debe aclararse que el índice no es una escala de 1 a 100 ni un porcentaje; los puntos pueden ser más o menos de 100.

Ahora bien, ¿por qué en lugar de multiplicar los factores de ponderación por tasas no hacerlo por las posiciones relativas de los municipios según sus tasas? Porque aunque la ordenación es útil, no expresa a cabalidad la magnitud de las diferencias de la incidencia criminal entre municipios, incluso en posiciones cercanas.

En el presente documento se exponen los resultados parciales de la multiplicación de las tasas por los factores de ponderación por cada delito y la suma de los mismos lo que da el puntaje de cada municipio en el índice de violencia.

Siete advertencias necesarias

1)    Hay diferencias importantes entre este estudio y el de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y las principales diferencias son:
a)    Este estudio es sobre municipios de México de 100 mil o más habitantes; el otro es sobre ciudades de 300 mil o más habitantes.
b)    Las ciudades pueden incluir uno o más municipios.
c)    Este estudio es respecto a 6 delitos y el otro es respecto a homicidio doloso únicamente.
d)    En este estudio se utilizan los datos de “delitos” del SNSP y en el otro sobre víctimas de homicidio doloso. Luego, están fuera de lugar las quejas de autoridades municipales porque su municipio figura con una tasa en este estudio y una más elevada en el otro.

2)    Las cifras oficiales sobre extorsión son muy poco dignas de crédito, como se desprende de la simple lectura de notas periodísticas, los reportes telefónicos de extorsión y las encuestas del INEGI (con las reservas que tenemos frente a ellas), indican que la incidencia d este delito es mucho mayor. En este caso la cifra oculta hace casi insignificante el registro oficial.

3)    El ranking municipal, por la dinámica de la población, no presenta en cada año el mismo número de municipios, sino una cifra creciente en la medida en que más demarcaciones alcanzan la cifra de 100 mil o más habitantes. En 2020 la cifra de municipios fuer inferior a la de 2019, porque resultó que las estimaciones del CONAPO habían sobrestimado la magnitud de la población como demostró el censo de 2020.

4)    Del estado de Tlaxcala ninguno de sus municipios tiene 100 mil o más habitantes.

5)    Hay datos oficiales que se antojan dudosos, inconsistentes. Por ejemplo en el listado de los municipios figuran en los tres primeros lugares de robo de violencia el municipio de Esperanza (Puebla), Benito Juárez (Sonora) y Tecamachalco (Puebla) con tasas de 1374.78, 991.15 y 966.93, respectivamente. Resulta poco probable que este delito, que es más propio de centros urbanos, tenga una incidencia elevada en municipios rurales, con apenas unos pocos miles de habitantes.

6)    Para la comparación entre el índice 2015 y 2020, se consideraron 223 municipios, porque esa es la cifra de los cuales hay datos de los dos años.

7)    Por el volumen de datos, la mayor parte de la información respecto a la totalidad de los municipios no se presentan en este documento. La respectiva bases de datos completa estará disponible en nuestra página web. 

2. Principales hallazgos

2.1 De los municipios de 100 mil o más habitantes

•    Desde el estudio de 2017 advertimos sobre una reconfiguración del mapa de la violencia. Primero, los estados del norte del país, con excepción de Baja California, dejaron de ser de los más violento para ceder ante la mayoría de estados del litoral del Pacífico, destacadamente Colima. Después, en 2018, Guanajuato, en la región de El Bajío, se convirtió en otro epicentro de la violencia. Este cambio se acentuó en 2019.

Pero en 2020, municipios de Zacatecas, Michoacán y Sonora también están entre los más violentos en términos generales, mientras que el Estado de México destaca porque la mayoría de sus municipios tienen entre las más altas tasas de lesiones dolosas, robos con violencia y extorsiones.

•    Zacatecas tiene 3 municipios entre los 50 más violentos y dado que sólo tiene 3 entre los 234 de 100 mil o más habitantes, su participación es del 100%; Baja California tiene 4 de los 5 (80.00%); Colima 3 de 4 (75.00%) y Guanajuato 8 de 15 (53.33%).

•    En 2020 el municipio de Zamora, Michoacán fue el más violento del país con 111.84 puntos, el cual más que cuadruplica el promedio nacional de 25.02 puntos.

El segundo municipio más violento fue Manzanillo, Colima (90.19 puntos) y el tercero fue Salamanca, Guanajuato (87.12 puntos).

•    De los 234 municipios del estudio, 107 presentan un índice violencia superior al nacional y que es de 25.02 puntos (En 2019 fueron 121 los municipios que rebasaron el índice de violencia nacional de ese año). Además, cinco de los 20 municipios más violentos están en Guanajuato.

•    En Baja California y Zacatecas, el 100% de los municipios que se incluyen en el estudio a su vez forman parte de los 107 con un índice de violencia superior al nacional. En Guanajuato el 93%, en Guerrero y Morelos el 83% y en México y Michoacán el 78%. 

•    En 2020 el municipio con la más elevada tasa de homicidios fue Zamora, Michoacán, con 181.10 por cada 100 mil habitantes. En segundo lugar figuró Manzanillo, Colima, con una tasa de 143.96 homicidios por cada 100 mil habitantes y en tercer lugar Salamanca, Guanajuato con una tasa de 115.21.

La tasa de Zamora es casi ocho veces la nacional.

•    Ochenta de los 234 municipios presentan tasas de homicidio superiores a la nacional que en 2020 fue de 23.62, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De los 20 municipios con mayores tasas de homicidios, cinco corresponden a Guanajuato y cuatro a Baja California.

•    En 2020, fue Córdoba, Veracruz el municipio con la más elevada tasa de secuestros: 5.86 por cada 100 mil habitantes, que es casi nueve veces más elevada que la tasa promedio para el país: 0.66.

En la segunda posición se colocó Martínez de la Torre, Veracruz con una tasa de 5.51 y en la tercera Uruapan, Michoacán, con una tasa de 5.05.

Entre los 20 municipios con tasas más elevadas de secuestro cuatro fueron de Morelos y 3 de Veracruz y 3 también de Zacatecas.

•    Noventa y seis de los 234 municipios tuvieron tasas de secuestro superiores a la del promedio nacional (0.66). Pero la buena noticia es que en 79 municipios no se registraron secuestros.

•    Cuautla, Morelos presentó la tasa más alta de violaciones con 49.17 por cada 100 mil habitantes, la cual es casi cuatro veces la tasa nacional de 13.13.

En segundo lugar figuró Tulancingo de Bravo, Hidalgo con una tasa de 40.39 violaciones por cada 100 mil habitantes y en tercero Tula de Allende, Hidalgo, con una tasa de 39.96. 

•    De los 20 municipios con tasas más altas de violación tres correspondieron a Hidalgo, tres a Morelos y tres a Quintana Roo.

Asimismo, de los 234 municipios en 106 las tasas de violación fueron superiores a la nacional (13.13).

•    Tenancingo, México presentó la tasa más elevada de lesiones dolosas (425.12 por cada 100 mil habitantes), la cual casi cuadruplica la media nacional (114.49).

En los lugares segundo y tercero lugares figuraron otros dos municipios mexiquenses: Toluca con una tasa de 392.38 y Zinacantepec con una de 377.20.

•    De los 20 municipios con tasas más altas de lesiones dolosas trece correspondieron al Estado de México.

Asimismo, de los 234 municipios en 115 las tasas de lesiones dolosas fueron superiores a la nacional (114.49).

•    En 2020 fue Ecatepec, México el municipio con la más elevada tasa de robos con violencia: 892.03 por cada 100 mil habitantes, que casi quintuplica la tasa promedio para el país: 180.41.

En la segunda posición se colocó San Martín Texmelucan, Puebla con una tasa de 825.75 y la tercera Naucalpan de Juárez, México con una tasa de 823.91.

Entre los 20 municipios con tasas más elevadas de robo con violencia doce fueron del Estado de México.

•    Noventa y cuatro de los 234 municipios tuvieron tasas de robo con violencia superiores a la del promedio nacional (180.41).

•    Zacatecas, Zacatecas, por tercer año consecutivo presentó la tasa más alta de extorsiones con 50.13 por cada 100 mil habitantes, la cual es casi ocho veces la tasa nacional de 6.32.

En segundo lugar, figuró Martínez de la Torre, Veracruz, con una tasa de 46.86 extorsiones por cada 100 mil habitantes y en tercero Fresnillo, Zacatecas, con una tasa de 37.00.

•    De los 20 municipios con tasas más altas de extorsiones catorce correspondieron al Estado de México y tres a Zacatecas.

Asimismo, de los 234 municipios en 91 las tasas de extorsiones fueron superiores a la nacional (6.32).

2.2 La violencia empeora: comparativo entre 2015 y 2020

* En los 223 municipios de 100 mil habitantes o más en 2020 se produjo un incremento del índice de violencia promedio de 39.34% en comparación con 2015. En 2015 el índice de violencia municipal promedio fue de 19.07 puntos, mientras que en 2020 alcanzó 26.58 puntos. 

* Esta es la mayor evidencia del fracaso de la política de “prevención social de delito” que se inició con el gobierno de Felipe Calderón, continuó con el de Enrique Peña (y se enfocó precisamente en los municipios de más de 100 mil habitantes y eminentemente urbanos) y se expandió a todos los municipios con Andrés M. López.

* En 158 de los 223 municipios el índice se incrementó y en los restantes 65 se redujo. Pero si se consideran los municipios en que hubo incremento, éste fue del orden del 85.74% en promedio. En 49 de los municipios el incremento fue de 100% o más.

* El municipio con mayor incremento fue Álamo Temapache, Veracruz, del orden del 413.07%; Zamora, Michoacán en segundo lugar (402.89%) y Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí en tercero (392.63%).

* De los 49 de los municipios el incremento fue de 100% o más, hay 37 en los que el incremento significó superar el índice de la media nacional. De ellos Colima tiene 3, esto es, el 75% si se considera que en el listado de 223 municipios hay 4 de ese estado; de Guanajuato esos municipios son el 50% (7 de 14) y en San Luis Potosí también son el 50% (2 de 4).

2.3 De la totalidad de municipios 

* En 2020 de los 2,463 municipios del país el más violento fue Doctor Coss, Nuevo León con 947.79 puntos, casi 38 veces la media nacional. Esto es resultado de haber tenido una tasa de homicidios dolosos de 1,691.18 por cada 100 mil habitantes (23 homicidios para apenas 1,360 habitantes). Esa tasa es casi 72 veces la tasa nacional de homicidios.

General Enrique Estrada, Zacatecas fue el segundo municipio más violento del país con 152.77 puntos y Santa Cruz de Bravo, Oaxaca con 150.68 puntos.

* El que municipios rurales, con un reducida población, en un año presenten algunos hechos de violencia puede que ofrezca una visión distorsionada sobre la situación de esas demarcaciones. Tal parece ser el caso de Santa Cruz de Bravo, Oaxaca, que con apenas 365 habitantes tuvo un solo homicidio doloso en 2020 que le mereció una tasa de 273.97 por cada 100 mil habitantes, aunque no haya registrado ningún otro delito. Y en efecto, según los datos del INEGI, en los 30 años que van de 1990 a 2019, sólo en cinco años hubo homicidios en el municipio oaxaqueño.

Pero ese no es el caso de Doctor Coss, Nuevo León y de General Enrique Estrada, Zacatecas, si bien en el primero se registraron homicidios en 8 años de los 30 años que van de 1990 a 2019 y en el segundo en 11 años. Doctor Coss no tiene interés para los grupos criminales, excepto porque colinda con el municipio de Miguel Alemán, Tamaulipas, que es vital para el narcotráfico al hacer frontera con Estados Unidos y ser disputado por bandas delictivas. Por esa misma razón en 2010 en Doctor Coss se registraron 16 homicidios en 2010, año en que estalló en Tamaulipas la disputa entre, los entonces, grupos criminales dominantes en la región.

En el municipio General Enrique Estrada, Zacatecas se cometen ejecuciones de “levantados” en el municipio de Fresnillo.

* Cabe destacar que de los 20 municipios con mayor índice de violencia, si se consideran los 2,463, tres a su vez figuran entre los primeros 20 del listado de 234 municipios de 100 mil o más habitantes: Zamora, Michoacán (en la posición 10), Manzanillo, Colima en la 18 y Salamanca, Guanajuato en la 20.

* De los 2,463 municipios del país 565 (22.94% del total) tuvieron un índice de violencia superior al nacional. De los primeros 100 de esos municipios 17 corresponden a Guanajuato, el estado con mayor número en esa selección.

De los 565 municipios con un índice superior al nacional, Baja California tiene al 100% de sus municipios (5 de 5), Colima tiene al 90% (9 de 10) y Guanajuato al 69.57% (32 de 46). Son pues estas las entidades con mayor número de los municipios más violentos del país.

* En 2020 35.85 de los municipios (883 de 2,463) tuvieron una incidencia cero de homicidio doloso; 84.82% (2,089) de los municipios tuvieron una incidencia cero de secuestros; 43.28% (1,066) de los municipios tuvieron una incidencia cero de violación; 20.02% (493) de los municipios tuvieron una incidencia cero de lesiones dolosas; 26.72% (658) de los municipios tuvieron una incidencia cero de robo con violencia; 63.46% (1,563) de los municipios tuvieron una incidencia cero de extorsión.

Asimismo en 2020 en 278 municipios (11.29% del total) no se registró ninguno de los 6 delitos considerados en este estudio. Yucatán es el estado con mayor proporción de municipios sin delitos: 70 de 106, o sea el 66.04% de sus municipios registraron incidencia cero. En Oaxaca 149 de sus 570 municipios tuvieron incidencia cero (el 26.14%).

* Como ya se indicó El municipio con la mayor incidencia de homicidio doloso fue Doctor Coss, Nuevo León con una tasa de homicidios dolosos de 1,691.18 por cada 100 mil habitantes. En segundo lugar figuró Santa Cruz de Bravo, Oaxaca con una tasa de 273.97 y en tercero General Enrique Estrada, Zacatecas con una tasa 255.87.

* En 2020 un total de 586 municipios (23.79% del total) tuvieron una tasa de homicidios superior a la nacional 23.62. El 90% de todos los municipios de Colima figuraron en ese listado de 586 por encima de la media nacional; el 80% de Baja California; 72.73% de Morelos y 69.57% de Guanajuato.

* Mártires de Tacubaya, Oaxaca fue el municipio con la tasa de secuestros más elevada, de 69.16 por cada 100 mil habitantes, la cual es 105 veces la nacional. Santa María de la Paz, Zacatecas ocupó el segundo lugar con 36.14 y Coatzingo, Puebla el tercero con 35.46. Lo que ocurre es que estos municipios son de menos de 3 mil habitantes y con un solo secuestro, como es el caso de los tres, la tasa se dispara.

Ninguno de los 20 municipios con la tasa más elevada de secuestro, entre los 234 con 100 mil habitantes, figura entre los primeros 20 lugares en secuestro de la lista completa de 2,469 municipios.

* 315 municipios presentan una tasa de secuestro superior a la nacional (0.66). El 76.47% de los municipios de Tabasco (13 de 17) participan de esa lista, 63.64% de los municipios de Morelos y 40.00 % de los municipios del Estado de México.

* San Juan Achiutla, Oaxaca fue en 2020 el municipio con la mayor tasa de violaciones del país: 490.20 por cada 100 mil habitantes, la cual es 37 veces la nacional. Las posiciones segunda y tercera son de los municipios oaxaqueños San Juan Bautista Suchitepec (220.75) y Santa María Nduayaco (220.75). Además de las 100 primeras posiciones 46 corresponden a este estado, que con mucho presenta los municipios con las tasas más elevadas de este delito.

* Hay 620 municipios con una tasa de violaciones superior a la nacional (13.13). El 100% de los municipios de Baja California y Baja California Sur están en esa lista; 68.63 % de los de Nuevo León; 62.50% de los de Ciudad de México; 59.70 de Chihuahua y 24.74% de los de Oaxaca.

* San Bartolo Soyaltepec, Oaxaca fue el municipio con la tasa más alta de lesiones dolosas: 503.36 por cada 100 mil habitantes, que cuadruplica la tasa nacional. En segundo y tercer lugares están los mexiquenses Tenancingo con una tasa de 425.12 y Amecameca, con un tasa de 396.70.

* Entre los primeros 20 lugares del listado completo de los municipios (2,463) hay 7 que a su vez están entre los primeros 20 de los 234 que tienen 100 mil habitantes o más y todos son del Estado de México. 

* Asimismo, en el listado completo de todos los municipios, de los 100 primeros lugares 56 corresponden a México, que es el estado con el mayor número de municipios con las más elevadas tasas de lesiones dolosas.

* 533 municipios tienen una tasa de lesiones dolosas superior a la nacional (114.49). De esos 533, Tabasco tiene el 94.12% de sus municipios; México el 84.00%; Quintana Roo el 81.82%; Colima el 80.00% y Guanajuato el 76.09%. Esos estados concentran el 68.86 de los municipios con tasas superiores a la nacional.

* Esperanza, Puebla en 2020 fue el municipio con la tasa de robos con violencia más elevada: 1374.78, seguido por Benito Juárez, Sonora (991.15) y Tecamachalco, Puebla (966.93). La tasa del primero es casi 8 veces la nacional.

* Resulta dudoso que estos municipios de menos de 100 mil habitantes tengan tales tasas, si se considera que precisamente una de las condiciones para cometer ese delito es que los delincuentes aprovechen el anonimato que ofrecen las ciudades. Si bien debido a la pandemia y el uso generalizado de mascarillas los hampones pudieron gozar de condiciones excepcionales, incluso en pequeñas poblaciones. En cualquier caso son los datos oficiales reportados al SNSP.

* Entre los primeros 20 lugares del listado completo de los municipios (2,463) hay 13 que a su vez están entre los primeros 20 de los 234 que tienen 100 mil habitantes o más y siete son del Estado de México. 

* Asimismo, en el listado completo de todos los municipios, de los 100 primeros lugares 38 corresponden a México, que es el estado

* 230 municipios tienen una tasa de robo con violencia superior a la nacional (180.41). De esos 230, Ciudad de México tiene el 68.75% de sus municipios y México el 47.20% de sus municipios.

* Mazatepec, Morelos fue el municipio con la tasa más elevada de extorsiones: 82.88, seguido por Doctor González, Nuevo León (61.43) y San Lucas Quiaviní, Oaxaca (58.14). La tasa del primero es casi 8 veces la nacional.

* Entre los primeros 20 lugares del listado completo de los municipios (2,463) hay tres que a su vez están entre los primeros 20 de los 234 que tienen 100 mil habitantes o más. 

* Asimismo, en el listado completo de todos los municipios, de los 100 primeros lugares 30 corresponden a México, que es el estado con el mayor número de municipios con las más elevadas tasas de extorsión.

* 435 municipios tienen una tasa superior a la nacional (6.32). De esos 435, México tiene el 73.60% de sus municipios, Colima el 70.00% de sus municipios, Quintana Roo el 63.64% de sus municipios, Querétaro el 61.11% y Baja California Sur el 60.00%.

* Quepa observar, entonces, que si se consideran todos los municipios, el Estado de México tiene a la mayoría de los mayor incidencia en los delitos de lesiones dolosas, robo con violencia y extorsiones.

3. Violencia en los municipios en los 234 municipios de 100 mil o más habitantes

3.1 Índice de violencia municipal

 

3.2. Participación de los estados de los 50 municipios más violentos

  

3.3 Homicidio doloso 

 

3.4 Secuestro 

 

3.5 Violación 

 

3.6 Lesiones dolosas 

  

3.7 Robo con violencia 

 

3.8 Extorsión  

 

5. Comparación entre 2015 y 2020 

 

6. Violencia en los 2,463 municipios del país

Resumen de municipios con tasas de delitos por encima de la media nacional

Número y porcentaje de municipios con incidencia cero en los distintos delitos

Número y porcentaje de municipios sin delitos por estado

565 municipios con un índice de violencia superior a la media nacional

586 municipios con tasas de homicidio doloso por encima de la media nacional

  

315 municipios con tasa de secuestro por encima de la media nacional  

  

620 municipios con tasas de violación superior a la nacional

533 municipios con tasas de lesiones dolosas superior a la nacional 

 

230 municipios con tasas de robos con violencia por encima de la nacional

435 municipios con tasas de extorsión superiores a la nacional

  

Todos los municipios: 

files/Ranking_todos_municipios_2020.pdf


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