Encarcelan a Generales
Un juez federal ordenó la aprehensión del General de División Tomás Ángeles Dauahare y otros 5 militares a quienes la PGR acusa de haber brindado protección al Cártel de los Beltrán Leyva.
Raúl Valerio Ramírez, juez tercero de distrito en procesos penales federales en Toluca, instruyó capturar por delincuencia organizada al General de División Ricardo Escorcia Vargas y al Brigadier Roberto Dawe González, así como al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz.
Asimismo, giró la aprehensión contra el General de Brigada Rubén Pérez Ramírez, pero en este caso por delitos contra la salud en la modalidad de colaborar y fomentar el narcotráfico.
Todos los militares serán encarcelados –algunos, como Reyna, ya lo estaban– por un solo delito.
Dentro de la averiguación PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el juez también ordenó la captura por delincuencia organizada de Édgar Valdés, "La Barbie"; Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio"; Pedro Bermúdez Suaza, "El Arquitecto", y Denis Gerardo Rodríguez Pacheco, "El Denis".
Los cuatro narcos ya se encontraban encarcelados cumpliendo otras condenas.
La PGR trasladó ayer a los militares, que estaban arraigados, al penal de máxima seguridad del Altiplano para ponerlos a disposición del juez que ha instruido sus capturas.
Si bien el expediente se encuentra en el Edomex, la autoridad puede internar a los acusados en otro centro penitenciario.
Esta es la primera vez en la historia de México que cuatro Generales son encarcelados simultáneamente en un expediente de narcotráfico. Aunque Ángeles y Escorcia estaban en situación de retiro, nunca habían sido consignados dos divisionarios a la vez.
La última ocasión en que un General de División pisó la cárcel fue en el sexenio de Ernesto Zedillo, con Francisco Quirós Hermosillo, quien murió en el Campo Militar Número Uno el 19 de noviembre de 2006.
En tanto, el único divisionario que ha pisado un penal de alta seguridad es Jesús Gutiérrez Rebollo, quien fue detenido en 1997.
Una vez que los militares sean puestos a disposición del juez, tendrán de 72 a 144 horas para que se defina su situación jurídica.
Si el juez estima que la acusación carece de elementos, serán puestos en libertad.
Pero, si considera que los indicios de su responsabilidad son suficientes, les dictará formal prisión, lo que implica que deberán llevar un juicio privados de la libertad, pues el delito que se les imputa es grave.
