El juez Carlos Baray carece de objetividad

El juez que dictó auto de vinculación a proceso negando el beneficio de la legítima defensa al tendero que mató a uno de tres extorsionadoresen hechos ocurridos el pasado 20 de marzo, debe ser removido de su cargo.

Para el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C., José Antonio Ortega Sánchez,, el juez Carlos Baray carece de la objetividad que todo funcionario de su nivel debe tener para juzgar las circunstancias especiales que se viven en esta frontera y que operaron en los hechos en los cuales el tendero dio muerte a un delincuente que sí representaba una amenaza para su vida y la de su familia.

Expresa que dado que hubo de por medio amenazas previas, un arma de fuego y un delincuente a punto de accionarla, a su entender el caso presenta todas las condiciones para considerar que se obró en legítima defensa, pues sí había riesgo inminente de muerte y miedo grave por parte de las víctimas, y si el juez no lo ve de este modo demuestra no estar capacitado para ejercer esta delicada labor, o bien demuestra estar más del lado de los derechos de los criminales que de los de la gente de bien.

"Me parece que el juez está equivocado y que está buscando criminalizar doblemente a las víctimas al impedir el acceso a la legítima defensa, sin estar viendo el gravísimo riesgo que implicó toda la operación de extorsión a la que fueron sometidas estas personas", indicó.

Enfatizó que el juez no puede dividir cada uno de los momentos vividos por las víctimas como acciones separadas y sin ver los hechos como un conjunto, pues así es fácil señalar que en ese momento específico el tendero tenía la ventaja, cuando en el conjunto de acciones existió un grado creciente de tensión y nerviosismo severo provocado en estas personas por la actitud violenta y el uso de un arma de fuego por parte de los extorsionadores.

"Tiene que considerar la amenaza vertida por los delincuentes, lo que representa que uno de ellos saque un arma para apuntarla a la cabeza de una persona y decirle luego a esa persona que ya valió y que se lo va a cargar la chingada, pues todo indica que les iban a disparar... allí hay un acto instintivo de defensa, de legítima defensa de quien se ve en riesgo de perder la vida", aseveró.

Agregó que el hecho de desarmar al delincuente no representa en esos momentos un acto premeditado, sino un acto espontáneo de defensa al que hay que agregar que esta persona no podía diferenciar en ese momento si los tres iban o no armados y si eran los únicos agresores.

"La situación de peligro inminente y miedo grave está presente, la condición de defender la vida se da en todo momento durante estos hechos; el juez debe ser una persona que esté para velar por los derechos de la gente, pero más bien parece que quiere proteger a los delincuentes y criminalizar a las víctimas, que la gente pague con su vida su incapacidad para aplicar la justicia y seguir sometiendo a los juarenses a este infierno de violencia en el que se encuentra por tercer año consecutivo", puntualizó.

Consideró que se debe requerir su inmediata remoción del cargo porque no tiene la objetividad indispensable, con lo cual promueve que Juárez siga siendo la ciudad más violenta "con una tasa de 291 homicidios por cada 100 mil habitantes, según los últimos cálculos".

Conminó a las instancias legales a reconsiderar la situación, pues de otro modo la gente lo pensará dos veces antes de acudir a las instituciones a buscar justicia, optando por buscar otros modos de resguardar su patrimonio y su vida como sería la formación de escuadrones de la muerte o el recurrir al uso de grupos paramilitares.

"Con este tipo de decisiones, el juez está provocando miedo a la sociedad porque las autoridades parecen estar a favor de los delincuentes; está haciendo que la gente desconfíe cada vez más de las autoridades, pues si ya no confía en las autoridades policiales y del gobierno, ahora tampoco va a confiar en las encargadas de impartir justicia", concluyó.