Gobernadores: ¿De veras quieren vencer la violencia?
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) acordó celebrar el 11 de julio de 2011 en Chihuahua, Chihuahua, una reunión cumbre en la que los mandatarios estatales definirán una estrategia para frenar y revertir la violencia y la inseguridad pública en el país.
Que bueno que -aunque sea 4 años después de la peor ola de violencia en el país en tiempos de paz- los gobernadores quieran hacer algo al respecto. Si de veras tienen la voluntad podrían lograr que los asesinatos, secuestros y extorsiones dejaran de crecer y empezar a bajar, pero no dentro de 3, 7 ó 10 años, sino ya, a partir de este año.
La solución está en las manos de los gobernadores, si comienzan por utilizar los instrumentos de que ya disponen.
Por largo tiempo autoridades de diferentes niveles de gobierno han jugado al ping-pong con la responsabilidad de enfrentar a la delincuencia. Pero eso queda de lado cuando las procuradurías de las entidades o la General de la República inician las averiguaciones previas y solicitan órdenes de aprehensión. Si el ministerio público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión por parte de los jueces, no tienen otra que cumplirlas.
Pero ahí está el detalle: la mayoría de órdenes no se ejecutan, el rezago se acumula y los presuntos delincuentes, ya identificados, andan libres e impunes. En 2009 le pedimos al Sistema Nacional de Seguridad Pública informara el tamaño del rezago y respondió: 800 mil eran las órdenes de aprehensión y reaprehensión pendientes de ejecución.
Este año volvimos a preguntar y el Sistema ya no respondió con claridad, pero es obvio que el rezago no ha bajado. Desde diciembre de 2006 la PGR ha logrado que los jueces libren 2,710 órdenes de aprehensión contra presuntos secuestradores, pero sólo ha ejecutado 426, menos de 16% del total.
Lo que los señores gobernadores están obligados a hacer el 11 de julio de 2011 durante su “cumbre”, es comprometerse a cumplir las órdenes de aprehensión rezagadas y a fijarse plazos perentorios para ello. Si no lo hacen demostrarán que no tienen voluntad en cumplir con la obligación de proteger a quienes los eligieron. Y eso será más claro que nunca.
