Es peor que los daños de un desastre natural. Es otra plaga que pierde las cosechas, ultraja a los productores, tiene a raya a los campesinos.

"Hoy, en el campo gobierna el crimen organizado. Hablando de superficie agrícola, ganadera, pecuaria, el crimen muy conservadoramente está afectando entre el 25 y 30 por ciento de las actividades del sector agropecuario en el país", asegura Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).

El abandono del campo por parte del gobierno federal, en los últimos 30 años, le abrió la puerta al crimen organizado en el sector.

La delincuencia está desestimulando la inversión en el campo, afirma. La combinación de factores, con el peso criminal, provoca que el crecimiento del sector agropecuario y forestal en los últimos 20 años no pase del 1 por ciento del PIB.

Por ello, Suárez subraya que la actividad delictiva es un factor de empobrecimiento añadido a las circunstancias de abandono social.

"Siete de cada diez habitantes rurales están considerados como pobres y esto ha generado la presión de migrar a ciudades de Estados Unidos, pero al mismo tiempo se ha generado el ciclo perverso de que los jóvenes se tienen que enrolar al crimen organizado, lo que contribuye al abandono del gobierno al campo", explica.

"Les pagan 5, 8 o 10 mil pesos mensuales por las tareas más básicas de la estructura del crimen y de ahí pues ya tienen una perspectiva de ascenso, mientras que el joven, en labores agrícolas, no tiene perspectiva".

El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha sostenido que el quebranto al campo por el crimen organizado asciende a más de 2 mil 220 millones de pesos anualmente.

La merma es consecuencia del pago de cuotas, manipulación en la comercialización de productos, así como robo de granos, maquinaria, equipos, fertilizantes y camiones, entre otras causas.

"El escenario se repite en varias entidades y en todas las regiones de cultivo de diversos productos, al grado que comunidades enteras se están desbaratando por la violencia. Es una realidad que está afectando quizá todavía más que los desastres naturales en términos de su impacto a largo plazo", consideró el Congreso federal en un punto de acuerdo del 10 de enero pasado, aprobado a raíz de la denuncia del CNA.

En ese punto de acuerdo, la Comisión Permanente del Congreso exhortó a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Agricultura a reforzar las acciones de combate a la delincuencia organizada, a fin de garantizar la seguridad de los trabajadores del campo.

Según la denuncia del Consejo Nacional Agrario, los dueños de tierras llegan a pagar al crimen 120 pesos por cada hectárea de cultivo al mes, 100 pesos por cada tonelada de grano embodegada, y un mínimo de mil pesos por hectárea de maíz cosechada, según estimaciones hechas llegar al Congreso.

En Tamaulipas, el crimen afectó la producción de maíz, sorgo y naranja, por lo que tan sólo en el municipio de Padilla, la parálisis en la zona citrícola dejó pérdidas de 200 millones pesos en 2017.

En la zona citrícola de esta entidad, los productores y sus familias son víctimas de plagios y extorsiones por parte del crimen organizado, advirtió en febrero el general Enrique Covarrubias López, al asumir la comandancia de la Zona de Acción Centro de Ciudad Victoria.

En Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua, a unos 105 kilómetros de la capital del estado, el crimen controla los territorios de producción temporal de manzana, avena, forrajera y frijol.

Informes federales aseguran que la zona, considerada la puerta de entrada a la región Tarahumara, está controlada por Arturo Quintana Quintana, alias El 80, líder de La Línea, brazo armado del Cártel de Juárez.

Con 120 mil hectáreas de cultivo de aguacate certificadas para la exportación, Michoacán es considerado líder mundial en la producción de este fruto, pero también uno de los más azotados por el crimen.

La delincuencia centra sus operaciones en los municipios Peribán, Los Reyes, Uruapan, Tancítaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Ario de Rosales, Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, líderes en huertos de aguacate.

Productores de aguacate revelaron que el cobro de piso persiste en la región y abarca desde cortadores, hasta empacadores y transportistas.

En Morelos, la producción de aguacate es acaparada por grupos del crimen organizado, por la compra en efectivo del total de cosechas y hasta parcelas, de acuerdo con una denuncia de organizaciones campesinas.

En Puebla, los robos de granos en vías ferroviarias han puesto en jaque a los avicultores y porcicultores de la entidad.

Durante 2017, la Asociación de Avicultores de Tehuacán y la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Puebla reportaron la pérdida de unas 5 mil toneladas de granos.

Al norte de Veracruz, productores de vainilla también son blancos del crimen.

En días pasados, en un foro campesino, el investigador Juan Carlos Guzmán Salas, de la Universidad Autónoma de Chapingo, reveló que grupos criminales operan un mercado ilegal de compraventa de esta planta, junto con procesadores.

Los amapoleros de Guerrero enfrentan una nueva crisis, pues tanto el precio de la goma de opio como la demanda de esa resina de amapola -para producir heroína- cayó en los últimos meses.

Según reportes de autoridades federales, mientras el año pasado el kilo de goma costaba alrededor de 20 mil pesos, este año el precio ronda los 8 mil pesos.

Especialistas han advertido que el desplome del precio y la demanda podría traer serias implicaciones para cientos de familias de la zona amapolera del estado que dependen económicamente de la producción de goma.

En Zacatecas, los moches impuestos por el crimen organizado han mermado, y por periodos paralizado, la producción de frijol y chile, sobre todo en la región sur del estado.

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