Los legisladores se disponen a convertir en ley el papel de las fuerzas armadas en la guerra contra el narcotráfico, lo que ha desatado críticas que señalan que eso mantendrá a los soldados en las calles de manera indefinida y significará la suspensión de derechos civiles básicos.

La medida ya avanzó en la Cámara de Diputados, tras lo cual el debate queda en el Senado con el objetivo de que la llamada Ley de Seguridad Interior sea avalada antes de que termine el actual periodo legislativo, el 15 de diciembre.

Los partidarios del paquete de seguridad interior dicen que esta ley establecería un marco legal para que las fuerzas armadas mexicanas continúen con su lucha contra el crimen organizado, declarada hace más de una década por el poder ejecutivo. El presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos, han presionado para que se apruebe la medida.

“Hace tiempo que la Ley de Seguridad Interior dejó de ser solamente una valiosa propuesta para convertirse en una imperiosa necesidad”, dijo Peña Nieto el miércoles 29 de noviembre. “Confío en que el Congreso de la Unión atenderá con la urgencia que hoy se requiere esta importante iniciativa”.

Sin embargo, un conjunto de críticos, desde expertos constitucionalistas hasta organismos de defensa de derechos humanos dicen que la propuesta legislativa dejará a las fuerzas armadas por encima de los mecanismos civiles de rendición de cuentas y reducirá los incentivos para que las autoridades locales y estatales construyan organismos policiales efectivos.

El debate sobre la Ley de Seguridad Interior se da en momentos en que los homicidios en México han alcanzado los niveles más altos desde 2006, cuando comenzó la guerra contra el narcotráfico. Aunque hay zonas del país donde la ausencia de la policía ante el control del crimen organizado sí ha requerido una presencia militar, los críticos de la ley señalan que la violencia es prueba de que el involucramiento de las fuerzas armadas no ha resultado en una mejora en términos de seguridad.

La Ley de Seguridad Interior ha avanzado a nivel legislativo mientras que medidas que reorganizarían a las fuerzas policiales municipales y estatales o le darían más autonomía a la futura Fiscalía General de la República ha languidecido en el congreso mexicano.

La Ley de Seguridad Interior ha sido promovida principalmente por el gobernante Partido Revolucionario Institucional, con el apoyo de algunos sectores del conservador Partido Acción Nacional.

“No hay intención de militarizar el país”, dijo la senadora Cristina Díaz Salazar, integrante del PRI y de la comisión de justicia del Senado. “Estas son acciones temporales, no permanentes”.

La legislación, según Díaz Salazar, ayudaría a definir las condiciones según las cuales podrían intervenir las fuerzas armadas en sitios donde hay riesgo a la seguridad y en que los gobernadores han solicitado el apoyo. Díaz Salazar añadió que con la medida se aseguraría el respeto a los derechos humanos.

Lo importante es darle certeza a las fuerzas armadas”, dijo.

Sin embargo, quienes se oponen a la medida dicen que la ley está escrita de manera tan abarcadora que le da mucho margen a las autoridades para definir qué es una amenaza a la seguridad interior. Eso podría abrir la puerta a que las fuerzas armadas actúen contra grupos políticos en protestas, por ejemplo, si creen que representan una amenaza.

El presidente puede convocar a las fuerzas armadas “cuando quiera y como quiera, con información que se mantiene clasificada sin controles ni rendición de cuentas”, aseguró Catalina Pérez Correa, profesora de Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en Ciudad de México. “Básicamente, vuelve a la Constitución un pedazo de papel de baño. Es un golpe a la Constitución”.

El involucramiento del ejército en la guerra contra el narcotráfico ha llevado a un aumento en las denuncias de abusos y violaciones de los derechos humanos. Pese a reformas hechas en 2014 al código de justicia militar, las cuales prevén que los efectivos puedan ser investigados por cortes civiles en vez de tribunales militares, esas violaciones raramente son castigadas en la práctica.

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