En octubre se iniciaron 2 mil 371 carpetas de investigación por homicidio doloso. La cifra es la más alta registrada en un mes en nuestra historia, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La misma nota señala cuándo se había registrado el récord anterior: apenas en junio de este mismo año, con 2 mil 238 asesinatos.

¿Le sorprende? Tal vez no, ya que somos una cultura con una alta tolerancia a la violencia. Ahí están las películas de la época de oro del cine mexicano, mostrando desde balazos, golpes, cachetadas e insultos como una manera de resolver conflictos. Las canciones también normalizan y alaban la violencia.

La hemos normalizado y aceptado a tal grado que ya no la vemos y no nos espantamos con la noticia de un ejecutado más.

Nos sorprendían, eso sí, los cuerpos colgados, las fosas masivas, los decapitados, los llamados "pozoleros" desintegrando personas en tambos, el país escondiendo los cerca de 100 mil muertos de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, además probablemente los 30 o 50 mil desaparecidos.

Por eso no parecemos sentir que es probable que este año sea ya más violento que ese aciago 2011 en donde sumaron 22 mil 855 asesinatos. Hasta octubre sumaban 23 mil 968.

Pero la publicidad del gobierno indica que hay que hablar de sólo lo bueno y nuestro Presidente muestra una gran sensibilidad ante la menor crítica, mas no ante el dolor de las familias y el costo que la violencia tiene para el gobierno y las personas.

Para 2016, el impacto económico total de la violencia fue de 3.07 billones de pesos, de acuerdo con el Índice de Paz México 2017.

Esta misma fuente sostiene que entre 2015 y 2016 el incremento del costo de la violencia se estima en 79 mil millones de pesos más. El total del costo de la violencia equivale a una cifra total anual del 17.6 por ciento del PIB o un gasto promedio de 25 mil 130 pesos por persona. Ese dinero que podríamos estar utilizando en algo productivo, en algo que hiciera crecer nuestra economía, pero que se va en pagar una seguridad que evidentemente no tenemos.

Y es que en México coexisten varios tipos de conflictos, algunos más violentos que otros que pueden medirse de acuerdo con los medios y las consecuencias: los tipos de armas y el uso que se les da, el número de víctimas, las personas que participan en cada conflicto, la destrucción que ocasionan y el número de personas desplazadas de sus hogares o refugiados dentro del mismo territorio nacional, según el Instituto Heidelberg para la Investigación de Conflicto Internacional (2017).

Así, para esta institución, en México tenemos una crisis no violenta, que es el enfrentamiento con el EZLN, que sigue sin resolverse.

Incluye tres crisis violentas: una en la frontera con Estados Unidos; otra que son los enfrentamientos entre la CNTE y el gobierno, así como la de los normalistas y el gobierno.

Los asesinatos de funcionarios públicos, entre los que hay muchos alcaldes, son vistos como una confrontación entre los partidos de oposición con el gobierno de Peña Nieto, aunque cabe decir que el narco también está involucrado en muchos casos.

Finalmente, la clasificación incluye una guerra limitada, que son los enfrentamientos entre los cárteles, por la sustitución de los líderes muertos o encarcelados y la guerra de éstos contra las autodefensas, y una guerra, como la de Siria o Afganistán, que es la "Guerra contra las drogas" o el crimen organizado, que lleva a cabo el gobierno de México desde 2006 contra los cárteles y las autodefensas.

Desgraciadamente, los índices que miden la violencia en México suelen pasar por alto los feminicidios. Tal vez debido a que mucha de la prensa los trata como "crímenes pasionales", pero son violencia de género y deben contabilizarse aparte de los homicidios por otras causas.

Según el Inegi, entre 2007 y 2016 fueron asesinadas 22 mil 482 mujeres en México.

¿Qué hacer? Atacar la corrupción que vincula al narco con los políticos y que debilita a las instituciones que deben controlar y combatir el delito para que los ciudadanos podamos confiar más en el gobierno y trabajar juntos en fortalecer el tejido social.

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