7 de mayo de 2019

 

Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum los delitos se han disparado en forma dramática, en particular los de carácter violento: homicidio doloso, secuestro, violación y robo con violencia.


En marzo de 2019 las víctimas de homicidio doloso aumentaron 46% (en números redondos) en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 114 a 166. Asimismo, las víctimas de secuestro aumentaron en 114% en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018, al pasar de 3.3 a 7.0.


Otros delitos violentos crecieron en forma más acentuada. Siempre conforme a las propias estadísticas oficiales, en marzo de 2019 en comparación con el promedio mensual de enero a noviembre de 2018 las violaciones crecieron 137%, el robo con violencia a transporte público individual 159%, el robo con violencia a transportista 137%, el robo con violencia a negocio 136%, el robo a transeúnte en vía pública 103%, el robo con violencia a transporte público colectivo 95%, el robo a transporte público individual 59% y el robo con violencia casa habitación 51%.


Y todo esto sin considerar la cifra oculta, cuyos números son muy superiores a las cifras oficiales, en particular respecto a robo con violencia y violación.


Ejemplo claro de lo que sucede en la Ciudad de México es ver día tras días como ocurren asaltos contra los automovilistas en horas pico en decenas de puntos de la ciudad. Estos atracos han sido denunciados por los medios de comunicación, pero las autoridades capitalinas no hacen nada para poner vigilancia en esos puntos. O hay mucha incompetencia o hay colusión.


El gobierno de Sheinbaum ha alegado que el anterior gobierno “maquillaba” cifras de delincuencia y violencia, por lo cual ya eran altas bajo el anterior gobierno. Pero ambos alegatos no son excusa. El gobierno capitalino no ha probado la falsificación de cifras que señala y, lo que es más importante, no ha denunciado penalmente a los supuestos responsables, quienes habrían incurrido en el delito de falsificación de registros oficiales, tipificado en los artículos 339 y 340 del código penal local, además de lo correspondiente al federal.


Y acerca de que delitos y violencia ya venían creciendo desde la administración anterior, pues tampoco cabe la excusa, porque hay una nueva administración, cuya titular se comprometió a mejorar la inseguridad, no a que empeorara.


Cabe detenerse en el aumento previo de la inseguridad. En efecto esto ocurrió, aunque de forma muy acentuada a partir de julio de 2018. Si se comparan las cifras de marzo de 2019 con las de junio de 2018, el disparo de delito y violencia es todavía más dramático que lo antes señalado: el homicidio doloso creció 64%, la violación 289%, el robo con violencia a transportista 267%, el robo con violencia a negocio 186%, el robo a transeúnte en vía pública 157%, el robo con violencia a transporte público colectivo 112% y el robo con violencia a casa habitación 103%.


También es bueno preguntarse por qué a partir de julio de 2018 la delincuencia aceleró su ritmo de crecimiento. Faltan elementos para emitir un juicio concluyente, pero hay dos aspectos relevantes a considerar: el cambio de jefe de la policía capitalina que sucedió precisamente en julio y el efecto que en el hampa tuvo la narrativa de las administraciones entrantes, tanto en el nivel federal como en el local.


Tras de su triunfo electoral, la doctora Claudia Sheibaum se reunió con José Ramón Amieva, jefe de gobierno sustituto y el primer resultado fue la remoción del jefe de la policía capitalina, Hiram Almeida, que según Amieva había entregado buenas cuentas. En su lugar fue nombrado Raymundo Collins, quien fue subsecretario de seguridad pública en el gobierno capitalino del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, además de ser muy cercano al actual canciller, Marcelo Ebrard.


Pero Collins ha sido reiteradamente señalado de estar vinculado con el hampa, en particular con la organizada. Lo que es un hecho, es que su paso de casi cinco meses por la policía capitalina significó un aumento de los delitos.


El otro factor a considerar: el impacto en el hampa de la narrativa sobre seguridad pública, no es menor. El presidente López Obrador ha presentado a los delincuentes como víctimas de las políticas de gobiernos previos frente a los cuales no cabe tanto la aplicación de la ley, sino otorgarles una serie de beneficios que van de los subsidios a las amnistías e indultos, además de la promesa -hasta ahora cumplida- de no perseguir a los jefes de los grandes grupos criminales.


Los delincuentes no son doctores en ciencia política, pero interpretan este discurso como una suerte de permiso para delinquir.


La Jefa de Gobierno ha secundado este mismo discurso, pero ella y sus colaboradores han añadido de su propia cosecha. Ejemplo de ello es el proyecto para reformar el código penal y los robos menores dejen de ser tipificados como delitos. Una invitación más para delinquir.


Ahora, las políticas de los nuevos gobiernos federal y local que supuestamente deberían empezar a lograr la baja de la delincuencia, se han aplicado desde el de diciembre de 2018. Pero ni en el país ni en su capital se ha producido la disminución de la inseguridad prometida, sino que ha ocurrido exactamente lo contrario.


O los delincuentes no están cobrando los nuevos subsidios que ya fluyen o los cobran, pero de todas maneras siguen delinquiendo.


La política de seguridad pública de ambas administraciones –la federal y la local- han probado rápidamente ser completamente erróneas, porque se basan en un diagnóstico falaz, no sustentado en hechos sino en dogmas ideológicos, como el atribuir que la inseguridad se genera por la pobreza, desempleo, marginación o desigualdad en los ingresos, en lugar de identificar la verdadera causa: que las autoridades no cumplen su obligación de prevenir y perseguir al delito.


No habrá magia. La inseguridad seguirá creciendo mientras esas políticas de seguridad pública desastrosas no sean abandonadas en favor de las correctas, en favor de imponer a los gobiernos y a los mandos y elementos de la seguridad pública metas para reducir los delitos y la impunidad, y hacer depender del cumplimiento de esas metas su permanencia en los cargos.


Ante la ola de secuestros contra mujeres en instalaciones del Metro y alrededores, diversos grupos ciudadanos protestaron y demandaron poner remedio. La jefa de gobierno optó por descalificar a esos ciudadanos y a su exigencia legítima.

 

Pero la Jefa de Gobierno y el Presidente de la República deben recordar y tener una certeza. Recordar que en 2004 marchamos en la capital del país cientos de miles de ciudadanos en demanda de seguridad y justicia. Y la certeza que deben tener es que ahora marcharemos millones, si sus políticas no cambian, si no honran su protesta de cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes y no combaten a fondo los delitos y hacen que se reduzca la inseguridad.


Como en 2004, estamos trabajando en la convocatoria y organización de esa gran movilización ciudadana.

 

 

 

 

 

 

 

Facebook: Seguridad, Justicia y Paz 

 

Ciudad de México, 13 marzo de 2019


COMUNICADO CONSEJO CIUDADANO PARA LA
SEGURIDAD PÚBLICA Y LA JUSTICIA PENAL

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal emite respuesta al boletín “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

Tijuana, la ciudad más violenta del mundo, es un hecho

Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; ningún dicho retórico altera ese hecho. Con relación a la publicación de nuestro estudio “Las 50 ciudades más violentas del mundo 2018” el martes 12 de marzo de 2019 con esa misma fecha la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, Baja California, emitió el boletín titulado “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; Homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

En el boletín la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana (SSPM) intenta, desacreditar la metodología de nuestro estudio periódico. Sus objeciones podrían resumirse en una exigencia implícita: tergiversen los datos, oculten la realidad, pero que Tijuana no aparezca como la ciudad más violenta del mundo.

Los reclamos de la SSPM sobre nuestra metodología son inadmisibles, pues exigen que dicho análisis presente característica que el estudio no ofrece. El estudio es sobre tasas de homicidio (ante la imposibilidad de obtener datos sobre otros delitos violentos de urbes de todo el mundo), ocurridos en un año completo (para el caso 2018), en ciudades (No municipios) de 300 mil o más habitantes, según cifras censales o estimaciones oficiales de población residente (no de “población flotante”).

En su comunicado, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, titular de la SSPM, dice que es erróneo incluir al municipio de Playas de Rosarito como parte de la ciudad de Tijuana y que su inclusión tiene el deliberado propósito de abultar las cifras para que Tijuana figure como la ciudad más violenta del mundo. Está equivocado, ya que si se incluyen a Playas de Rosarito, la tasa para la ciudad de Tijuana es de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,640 homicidios y 1,909,424 habitantes). Si se excluye a Playas de Rosarito, la tasa resultaría más alta, ya que llegaría a 139.99 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,518 homicidios y 1,798,741 habitantes).

En cuanto al señalamiento difamatorio, de que falseamos los datos de otras ciudades, la carga de la prueba es para él.

No importa que dicho retórico intente el secretario Sotomayor, eso no va cambiar el hecho de que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; cuando Marco Antonio Sotomayor Amezcua fue nombrado secretario en 2016, el municipio tuvo 919 homicidios y en 2018 esta cifra creció a 2,518 homicidios, esto representa 174% más.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal emite respuesta al boletín “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

Ciudad de México, 13 de marzo de 2019.

Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; ningún dicho retórico altera ese hecho. Con relación a la publicación de nuestro estudio “Las 50 ciudades más violentas del mundo 2018” el martes 12 de marzo de 2019 con esa misma fecha la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana, Baja California, emitió el boletín titulado “SSPM Rechaza que Tijuana sea la ciudad más violenta; Homicidios bajan 34% en febrero de 2019”.

En el boletín la  Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Tijuana (SSPM) intenta, desacreditar la metodología de nuestro estudio periódico. Sus objeciones podrían resumirse en una exigencia implícita: tergiversen los datos, oculten la realidad, pero que Tijuana no aparezca como la ciudad más violenta del mundo.

Los reclamos de la SSPM sobre nuestra metodología son inadmisibles, pues exigen que dicho análisis presente característica que el estudio no ofrece. El estudio es sobre tasas de homicidio (ante la imposibilidad de obtener datos sobre otros delitos violentos de urbes de todo el mundo), ocurridos en un año completo (para el caso 2018), en ciudades (No municipios) de 300 mil o más habitantes, según cifras censales o estimaciones oficiales de población residente (no de “población flotante”).

En su comunicado, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, titular de la SSPM, dice que es erróneo incluir al municipio de Playas de Rosarito como parte de la ciudad de Tijuana y que su inclusión tiene el deliberado propósito de abultar las cifras para que Tijuana figure como la ciudad más violenta del mundo. Está equivocado, ya que si se incluyen a Playas de Rosarito, la tasa para la ciudad de Tijuana es de 138.26 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,640 homicidios y 1,909,424 habitantes). Si se excluye a Playas de Rosarito, la tasa resultaría más alta, ya que llegaría a 139.99 homicidios por cada 100 mil habitantes (2,518 homicidios y 1,798,741 habitantes).

En cuanto al señalamiento difamatorio, de que falseamos los datos de otras ciudades, la carga de la prueba es para él.

No importa que dicho retórico intente el secretario Sotomayor, eso no va cambiar el hecho de que Tijuana es la ciudad más violenta del mundo; cuando Marco Antonio Sotomayor Amezcua fue nombrado secretario en 2016, el municipio tuvo 919 homicidios y en 2018 esta cifra creció a  2,518 homicidios, esto representa 174% más.

Ciudad de México, 14 marzo de 2019

COMUNICADO CONSEJO CIUDADANO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA
Y LA JUSTICIA PENAL

Tijuana, Irapuato, Acapulco y Juárez están entre las 10 ciudades más violentas del mundo; negarlo no altera esa realidad.

Los gobiernos de los municipios de Tijuana, Irapuato y Juárez, así como el del Estado de Guerrero respecto a Acapulco, han manifestado su rechazo a los resultados de nuestro estudio “Ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo 2018”. En los casos de Juárez y Acapulco, el presidente municipal y el gobernador de Guerrero, respectivamente, han negado las posiciones que a esas ciudades nuestro estudio asigna bajo el “argumento”, que nada argumenta, de ‘no porque no’. Nada se puede responder a ese ejercicio de pura negación de la realidad.

En los casos de Tijuana e Irapuato los respectivos gobiernos municipales han negado mediante el intento de desacreditar, sin éxito, la metodología que guía nuestro estudio. Ya respondimos al gobierno de Tijuana, ahora lo hacemos al de Irapuato.

Mediante un comunicado el gobierno de Irapuato objeta en primer lugar que dejemos fuera a ciudades de menos de 300 mil habitantes y alega que ello implica un “sesgo”.

La objeción está fuera de lugar, nuestro estudio periódico desde hace 10 años fijó los parámetros de las urbes a considerar y entre ellos está el de, precisamente, que tuvieran más de 300 mil habitantes, por las razones que en la misma metodología exponemos.

Hay otros estudios que consideran ciudades de 100 mil o más habitantes y unos más que no fijan un límite de habitantes, sino que las urbes tengan la calidad de capitales de los países. Elegir una magnitud de un universo de estudio en ciencias sociales es tal válido como elegir cualquier otra. No hay “sesgo” para inducir un determinado resultado.

Hace 10 años no podíamos predecir que los gobernantes del municipio de Irapuato, del estado de Guanajuato o los del país, iban a ser tan negligentes, ineptos y omisos en sus obligaciones como para permitir que la violencia llegara en Irapuato a los niveles a que ha llegado.

Si el gobierno de Irapuato quiere un estudio de todas las ciudades del mundo sin fijar un límite del número de sus habitantes ¡pues que lo haga!, pero no pretenda exigir a nuestro estudio algo que no ofrece y que no es.

La segunda objeción reza: “En la metodología del ‘análisis’ solo [sic] se incluyen 11 países por lo que las posiciones relacionadas no refieren la realidad en ‘todo el mundo’.“

La objeción está por completo fuera de lugar y demuestra que el gobierno de Irapuato simplemente no ha leído el documento de metodología. Si ciudades de sólo 11 países se incluyen no es porque no hayamos estudiado los datos de las ciudades de los países restantes, sino porque en solamente esos 11 países hubo ciudades con una tasa superior a 36.87 homicidios por cada 100 mil habitantes, que es la corresponde a la ciudad que ocupa la posición 50 del ranking, pues es el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo es de…50, no de más.

Es ridículo exigir que no se incluyan ciudades con 300 mil habitantes o más de Asia, Europa, la mayor parte de África y Oceanía cuyas tasas son inferiores a los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes o a muchas de América que están por debajo de la tasa de 36.87 homicidios por cada 100 mil habitantes.

La tercera objeción dice: “La cantidad de homicidios que se presentan para Irapuato no corresponde a las cifras oficiales establecidas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En el 2018 se registraron 374 y la cifra que establece este estudio hace una ‘estimación’ de 473, como se señala en el documento.“

En efecto no retomamos la cifra del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública porque no se refiere a homicidios (esto es a víctimas de homicidio, según el estándar universalmente aceptado) sino a carpetas de investigación por homicidio. La prueba de que las cifras oficiales del SESNSP no se refieren a homicidios es que siempre son más bajas que las que publica el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) que SÍ cuenta homicidios y no carpetas de investigación de homicidios.

Por ejemplo en 2017, según el SESNSP hubo 71 “homicidios” (en realidad carpetas de investigación) en Irapuato, mientras que el INEGI registró 174, esos sí homicidios, esto es, un 145% más. De ahí la necesidad de estimar, en tanto se conocen las cifras del INEGI. Pero nuestras estimaciones son siempre conservadoras y se quedan por debajo de las cifras que el INEGI en su momento reporta.

Si para estimar los homicidios en Irapuato en 2018 hubiéramos estimado con base a la diferencia de 145% en 2017, ya referida, entonces no habría habido 374 homicidios, ni los 473 que estimamos, sino 916, con lo cual Irapuato habría sido no la sexta, sino la ciudad más violenta del mundo, con una tasa de 157.81 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Optamos por una estimación más conservadora, según la regla establecida en nuestra metodología: recalcular con base en el porcentaje de diferencia entre el número de carpetas de investigación de homicidio y víctimas de homicidio, que en el estado de Guanajuato hubo en 2018 y que fue del 25.89% (no hay ese dato por municipio, salvo en los casos de los municipios de Baja California).

Cuando el INEGI dé a conocer sus datos sobre 2018, con toda seguridad nuestra estimación estará por debajo de la cifra del Instituto.
Si debemos estimar cifras de homicidio en el caso de México no es por error nuestro, sino por grave falla del SESNSP, el cual sí cuenta víctimas de homicidio en el nivel de desagregación estatal, pero no lo hace en el nivel municipal.

La cuarta objeción “tampoco se establece claramente cuántos municipios o ciudades del mundo se analizaron, ni cómo se obtuvo el número de homicidios en cada una de ellas”, pues ratifica que el gobierno de Irapuato no leyó nuestra metodología. Pero cabe reiterar: estudiamos los datos de TODAS las ciudades del mundo de 300 mil o más habitantes.

Y la quinta objeción pues se contradice con la anterior: “5.- La información con la que se elaboró el estudio fue obtenida solamente de internet y no hay certeza de que las cifras de todos los municipios de los países contemplados sean verídicas o que los reportes sean exactos.“

A ver señores del gobierno de Irapuato, pónganse de acuerdo: O “Tampoco se establece claramente cuántos municipios o ciudades del mundo se analizaron, ni cómo se obtuvo el número de homicidios en cada una de ellas” o “La información con la que se elaboró el estudio fue obtenida solamente de internet y no hay certeza de que las cifras de todos los municipios de los países contemplados sean verídicas o que los reportes sean exactos”, porque las dos afirmaciones no pueden ser ciertas a la vez: o no se sabe de dónde sacamos las cifras o sí se sabe que fueron de Internet y eso no les gusta.

Respecto a la objeción en sí de utilizar cifras OFICIALES de sitios OFICIALES de gobiernos que se pueden consultar en línea en Internet, les informamos: desde hace décadas existe en el mundo una cosa que se llama “ERA DIGITAL” y desde hace por los menos 20 años existe otra cosa que se llama “GOBIERNO ELECTRÓNICO. Es más, les informamos que ustedes utilizan la misma fuente de información: la cifra del SESNSP la obtuvieron de Internet…no enviaron a un investigador a la sede del SESNSP a que leyera las respectivas bases de datos impresas en papel…

Las objeciones del gobierno municipal de Irapuato como las del gobierno municipal de Tijuana no son de metodología. Vamos, estos gobernantes no son parte de “Los Guardianes del Santo Sepulcro de la Metodología”. Simplemente los datos no le gustan, la realidad no les gusta y sobre todo, no les gusta que su incompetencia, negligencia e incapacidad sea exhibida. Su respuesta es patética.

Más les valdría aprender de los gobernantes de otras latitudes. Durante los años noventa no hacíamos este ranking pero sin duda Medellín fue en todo el decenio la ciudad más violenta del mundo. Todavía fue de las urbes más violentas del mundo en este siglo hasta que, en 2015, Medellín bajó tanto su incidencia de homicidios que ya no figuró en nuestro ranking. Los gobernantes colombianos en lugar de que querer matar al mensajero o estrangular a quien exclama “¡el emperador va desnudo!”, se pusieron a trabajar. De hecho el alcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa (2012-2015) se fijó como meta sacar a su ciudad de nuestro ranking…y lo consiguió.

Los gobernantes de Honduras procedieron de igual manera. En lugar de querer desacreditar nuestro estudio se pusieron a cumplir con su deber. Entre 2011 y 2014, la hondureña San Pedro Sula fue la ciudad más violenta en forma consecutiva y hoy se encuentra por debajo de la media tabla del ranking.

De ellos debieran aprender los gobernantes de Irapuato y todo México.

En la nota publicada el 6 de marzo por Zeta y titulada "Niega la SSP Municipal que Tijuana sea de las ciudades 'más violentas del mundo'", la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana rechazó la afirmación de nuestro estudio que coloca a Tijuana como la quinta más violenta del mundo con esta argumentación:

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