Durante el pasado mes de febrero el gobierno se concentró en la definición de la política nacional referente a los variables (patológicos) pronunciamientos del Presidente Donald Trump contra México y la discusión de las iniciativas para un marco legal para las fuerzas armadas en la futura ley de seguridad interior.

Se pretende legislar para que los militares sigan indefinidamente en las calles y algunos gobernantes... sigan coludiéndose con criminales.

La discusión de la iniciativa de ley de seguridad interior, que persigue –supuestamente- dar un marco jurídico a la colaboración temporal y extraordinaria de las fuerzas armadas en la seguridad pública, ha servido a los enemigos del Ejército para escalar contra éste sus acusaciones e insinuaciones calumniosas.

La actual situación de la política nacional gira alrededor de la corrupción presente en todos los niveles en general y en especial por los desbordantes desvíos de fondos por los gobernadores salientes de Veracruz, Chihuahua y, presuntamente, de Quintana Roo y Sonora, a los que se suman los casos en sexenios anteriores sexenios, que en su gran mayoría ostentaban la bandera del PRI y en menor grado del PAN.

Representantes del sector empresarial, educativo, juvenil, iglesia católica y del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal reconocieron con un emotivo homenaje, la labor de los elementos caídos de las Fuerzas Armadas quienes se han mantenido en pie de lucha por acabar con la delincuencia organizada, no sólo en Sinaloa, sino en todo el país.

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