En su primer informe de gobierno, el 2 de septiembre 2013 en Los Pinos, el Presidente Enrique Peña Nieto señaló avances muy puntuales en Seguridad en los primeros 9 meses de su mandato, parte de la nueva política pública de seguridad y justicia, de coordinación e inteligencia.

Estos criterios del Presidente coincidieron con diversas publicaciones en los medios acerca de una considerable reducción de los homicidios (hasta más de un 20%), relacionados con delitos federales, principalmente en las ciudades y regiones más violentas del país.

En el marco del Acuerdo por Michoacán, el gobierno federal manifestó que mantendría su presencia hasta lograr se restablezca la seguridad en el estado, compromiso ya expresado con motivo de la movilización de un contingente militar iniciada el 20 de mayo.

Pero debe recordarse que un compromiso similar hizo el gobierno de Felipe Calderón y hoy la inseguridad en Michoacán es mayor que hace seis años.

Pedimos al estado mexicano restablecer el estado de derecho ¡de inmediato!

Chilpancingo, como gran parte del estado de Guerrero, se ha convertido en un territorio en donde el control y poder absoluto lo tienen los grupos criminales quienes han impuesto al conjunto de la población un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno.

El gobierno, a través de su Secretario de Gobernación, Osorio Chong, no se cansa de asegurar que la violencia y los crímenes de alto impacto, como homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos, muestran una tendencia a la baja, gracias a la nueva estrategia de combate de la inseguridad. El problema es la falta de credibilidad porque la información correspondiente a la violencia y los crímenes no es sustentada con datos verificables.

En el transcurso del mes de Julio 2013 la problemática de la inseguridad en el país volvió a las primeras planas de los medios en general, la prensa y los noticieros, a pesar de la “veda informativa” impuesta y “cultivada” por el Gobierno Federal.

La opinión pública volvió a poner su atención y preocupación en la dura situación real de la Seguridad Pública por las altas cuotas de violencia y de crímenes de alto impacto como secuestros, extorsiones y homicidios.

Conforme a la estadística judicial que el INEGI acaba de publicar, en 2012 por cada 100 homicidios sólo se castigó a los responsables de 16. Es decir los autores de 84 de cada 100 asesinatos están impunes y libres de seguir asesinando.

La de 2012 es la segunda tasa de castigo más baja desde 1997 y casi tres veces más baja que la alcanzada en 2005.

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