Por cuarto año consecutivo la ciudad hondureña de San Pedro Sula con una tasa de 171.20 homicidios por cada 100 mil habitantes ocupó el primer lugar entre las 50 urbes (de 300 mil o más habitantes) más violentas del mundo.

Cuando el país vive una severa crisis por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa y se ha expuesto la extrema descomposición de los sistemas de justicia penal y político, algunos políticos quieren celebrar un pacto similar al Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad de agosto de 2008.

El Presidente de la República Enrique Peña Nieto anunció, como parte de las “10 medidas para mejorar el Estado de derecho”, la eliminación de las policías municipales, con el fin de evitar que los grupos criminales coopten a los alcaldes y no se repitan crímenes como los de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando 43 estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa fueron víctimas de desaparición forzada y 6 personas más fueron asesinadas.

Si de veras, como afirma el gobierno federal, su prioridad es hallar a los 43 alumnos de la escuela normal rural de Ayotzinapa, desde que tomó conocimiento de este caso la PGR debió haber sometido a investigación Ángel Aguirre Rivero y a sus colaboradores en el gobierno de Guerrero.

Los hechos de Iguala, revelan una gran crisis del sistema de justicia penal que no se reduce a Guerrero, sino que afecta a todo el país. Esta crisis no consiste sólo en ineficiencia e impunidad, sino en una muy grave colusión con grupos criminales de sectores de la clase política y por ello hay daños a la gobernabilidad.

La elección de Rogelio Ortega Martínez como gobernador en Guerrero, en sustitución de Ángel Aguirre Rivero, es una decisión extremadamente grave que adoptó la clase política local, pero de la que no es ajeno el gobierno federal.