Hoy presentamos ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia penal por el delito de fraude por un monto de entre un millón 250 mil dólares y 2 millones de dólares, en perjuicio de la Federación, cometido por Emilio Álvarez Icaza Longoria, Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Si Ángela Buitrago como fiscal en Colombia mantuvo ocho años y medio en la cárcel al coronel Luis Alfonso Plazas Vega con base en pruebas que ella misma falsificó y si Claudia Paz y Paz cuando fue Fiscal General de Guatemala encubrió la corrupción del ex presidente (hoy preso) Otto Pérez Molina, protegió a grupos violentos y desató una persecución contra la fiscal Gilda Aguilar por precisamente querer aplicar la ley a esos delincuentes, Carlos Martín Beristain, otro integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que la CIDH envió a México con relación al caso de la masacre de Iguala, es un hampón de muy altos vuelos.

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