La violencia en los municipios de México

(2019)

Más subsidios tampoco han reducido la violencia, ni la reducción

 

http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx

4 de mayo de 2020 

 

 

Presentación

La razón principal por la cual iniciamos el estudio periódico sobre la violencia en los municipios (de más de 100 mil habitantes) en el país, fue la decisión del presidente de la República, Enrique Peña, de buscar reducir la violencia mediante la llamada "prevención social del delito ”, esto es, un mayor gasto en programas de acciones no coercitivas del Estado frente a la delincuencia.

La esencia de esta orientación, que continuaba y se movía más lejos similar política del gobierno de Felipe Calderón, era la reparación del subsidio entre segmentos de la sociedad que se identificaba como propensos a delinquir. Los subsidios se han efectivos mediante cursos de capacitación, campañas de concientización, fomento de actividades culturales, deportivas y recreativas y la recuperación de espacios públicos, principalmente.

Para tal propósito, el gobierno identificó un centenar de municipios en los que enfoca la llamada “prevención social del delito”. Con el paso del tiempo, el universo de intervención se fue expandiendo.

Para determinar los resultados de esa política desarrollamos nuestro estudio de periodicidad anual desde 2013 (y solo omitió el correspondiente a 2016). Para ello definimos un universo de los municipios de 100 mil o más habitantes. Se trata de municipios predominantemente urbanos y en los que con antelación ya se sabía se concentraba la incidencia criminal en general y los delitos violentos en particular.

Para este estudio periódico, partícipes de una hipótesis: que la llamada prevención social carece de toda eficacia en reducir la incidencia de los delitos en general y la violencia en particular. Hemos sostenido y sostenemos que, conforme a la experiencia universal y nacional las únicas maneras efectivas de prevenir el delito son:

* Fijarse metas de reducción del delito a cumplirse en plazos perentorios y hacer dependiente de su cumplimiento la permanencia en los cargos en las instituciones de seguridad pública.

* El abatimiento de la impunidad mediante la investigación efectiva de todas las denuncias, la obtención de muchas más órdenes de aprehensión, el cumplimiento de esos mandamientos judiciales y el logro cada vez más sentencias condenatorias.

* La desarticulación completa de las estructuras de los grupos criminales.

La experiencia confirmada, por enésima vez, la hipótesis. Los municipios en los que se enfocó el programa de “prevención social del delito”, la inseguridad y la violencia siguen siendo igual o más elevadas que antes. Las variaciones en el nivel de violencia en estados, regiones o municipios no guardan ninguna relación con la “prevención social del delito”, sino sobre todo con los análisis y las decisiones de los grupos criminales y sus pugnas.

En “prevención social del delito” se gastaron más de 16 millones de pesos (casi 3 millones con Calderón y más de 13 millones con Peña) sin ningún resultado. Fue dinero tirado a la basura. El país terminó siendo más violento e inseguro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se propuso profundizar y llevar al límite esa política absolutamente errónea. Sólo en su primer año y en un solo programa (“Jóvenes construyendo el futuro”), el nuevo gobierno se gastó 43 mil millones de pesos, casi tres veces más que lo que gastaron en “prevención social del delito” los gobiernos de Calderón y Peña ¿Y el resultado? No por muchos "becarios" dejaron de haber sicarios; la violencia empeoró, no disminuyó.

Pero ya que por enésima vez se ha probado cuan errónea es esta política, se porfía en ella y con mayor dilapidación de los recursos públicos. Para 2020 se presupuestaron casi 70 millones de pesos para “Jóvenes construyendo el futuro” y otros 25 millones de pesos para “Prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos”.

El fundamento de la "prevención social del delito" es una falacia: que las personas "roban por necesidad", que las condiciones socioeconómicas (pobreza, marginación, desempleo, desigualdad en los ingresos) determinan la conducta criminal. No hay ninguna base científica, empírica, de esta suposición. Se trata de puro dogmatismo ideológico de la "criminología" socialista.

Por eso y porque en general debemos medir la evolución de la incidencia de la violencia, es que hemos mantenido este estudio periódico y el Índice de Violencia Municipal.

Las características principales del estudio de 2019 son:

1. Comprende los 238 municipios que tenían 100 mil o más habitantes en 2019, según las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población. En 2018 fueron 234 los municipios de esa magnitud demográfica.

En los 238 municipios había en 2019 un total de 82,350,829 habitantes, quienes constituyeron el 66.30% de la población del país y en donde tiene el lugar también el 83.25% de los seis delitos referidos que el estudio considera: homicidio doloso, secuestro, accidente, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión.

Específicamente en estos municipios ocurrieron el 72.43% de los homicidios dolosos en el país; el 65.20% de los secuestros; el 76.55% de las amenazas; el 77.86% de las lesiones dolosas; el 88.03 de los robos con violencia y el 79.89% de las extorsiones.

2. Calcula las tasas por cada 100 mil habitantes de seis delitos violentos intencionales: homicidio doloso, secuestro, violación, lesiones dolosas, robo con violencia y extorsión, como en estudios anteriores. El cálculo de las tasas es mediante una operación simple aritmética que es parte de “la regla de tres”: el número de delitos en una jurisdicción dada dividida entre el número de habitantes de la misma y el resultado multiplicado por 100 mil.

3. Ordena los 238 municipios en posiciones de mayor a menor tasa de incidencia respecto a cada uno de los seis delitos.

4. Ofrece un índice general de violencia de los municipios, que se integra en un solo parámetro las tasas de cada uno de los seis delitos, a partir de otorgar a cada tipo de delito un valor no igual, sino ponderado, según criterios fijos sobre la magnitud del daño que los distintos crímenes tienen en las víctimas directas e indirectas. El índice permite decir, propiamente, que jurisdicción objeto de comparación (para el caso municipio) es más o menos violenta que otra.

1. Metodología

Datos demográficos

La razón principal para haber considerado para el estudio municipios de más de 100 mil habitantes y no todos, es el hecho de que la violencia se concentra en las zonas urbanas y específicamente los municipios de más de 100 mil habitantes –en su gran mayoría- son eminentemente urbanos.

Es en estos municipios en los que se han concentrado las muy ineficaces políticas gubernamentales de prevención del delito basado en subsidios, cursos y en acciones generales no coercitivas.

Quepa la digresión: en su momento publicitario que esas políticas no iban a funcionar y se estaba arrojando a la basura grandes sumas del dinero de los contribuyentes. Las políticas fracasaron y debieron ser abandonadas, sin que tampoco se adoptaran las indicadas.

En ejercicios anteriores recurrentes a nuestras propias modificaciones de población, pero a partir de esta edición utilizamos las conexiones del CONAPO. Se trata finalmente de cifras oficiales y en aras de la homogeneidad es conveniente utilizarlas en combinación de las cifras, igualmente oficiales, sobre incidencia delictiva.

Datos de incidencia delictiva

Respete los datos de incidencia delictiva, el imperativo es conciliar dos necesidades primordiales: los datos sean los más recientes que sean posibles y también sean lo más completos.

El sistema de generación y difusión de estadísticas criminales en México ha tenido importantes progresos en los últimos años. Este sistema es cada vez más transparente, más desagregado y puntual en su difusión.

Esto permite que un poco más de un mes de concluido el año anterior, sea posible contar con cifras oficiales completas, en lugar de recurrir a proyecciones y cifras.

La fuente de información de los datos es el SNSP, los mismos que pueden consultar y descargar en esta dirección de Internet: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/incidencia-delictiva-87005?idiom= es

Sin embargo, las cifras del SNSP siguen presentando una deficiencia conceptual importante que viene desde los inicios del sistema estadístico oficial y el cual no se ha corregido y homologado con las mejores prácticas internacionales en la materia.

Ese defecto consiste en lo que el SNSP entiende por delitos no se ajusta a la práctica universalmente aceptada. Está consistente en contar todos los delitos que cada persona haya sufrido durante un evento criminal.

Por el contrario, el SNSP ha contactado con averiguaciones previas, después de carpetas de investigación y “delitos en carpetas de investigación” sin que esto esté unívocamente definido. Más recientemente se ha contactado el número de víctimas. Pero en este ¿la víctima de, por ejemplo, violencia, lesiones y robo figura o no en la cuenta de cada delito?

Supongamos que una carpeta de investigación se inicia por el secuestro de tres personas en un mismo acto. Habría que, para empezar, contar no uno sino tres secuestros. Además, en este ejemplo, una de las víctimas podría haber sufrido lesiones dolosas (por ejemplo, mutilación) y / u homicidio, otra víctima lesiones dolosas y robo (del vehículo por ejemplo) y la tercera podría haber sufrido una lesión.

Cada uno de los delitos debiera ser contado, de todos los eventos criminales respecto a los cuales la autoridad tenga noticias, ya sea desde las denuncias o de las investigaciones de oficio. Eso es tan simple, no se hace y no podemos saber la magnitud exacta de los delitos de los que oficialmente la autoridad competente tiene conocimiento.

Además debe recordar que el proceso penal se desarrolla conforme al principio de individualizar cada conducta antisocial y en su caso personalizar la responsabilidad de los autores. Los jueces no juzgan en paquete.

Al parecer solo en Baja California se está procesando conforme a esa norma, de ahí las diferencias entre los registros del gobierno local y el SNSP.

En 2019 en la cuenta sobre “delitos” del SNSP se consigna un total de 30,377 homicidios dolosos, pero en la cuenta de víctimas se registra 35,588: la primera cuesta es un 17,15% inferior a la segunda.

Pero en aras de la homogeneidad de los datos del estudio, en todos los casos debe usar la misma fuente: la cuenta de "delitos" el SNSP.

Adecuadamente, como se sintió, el SNSP ha utilizado un registro aparte de víctimas de gran número de tipos de delitos, registro que parece asemejarse a la práctica universal aceptada. Pero el problema, para el caso, es que esos datos no tienen desagregación en el nivel municipal.

En tanto estas deficiencias en las estadísticas se corrigen, no hay más remedio que tomar los datos con todo y sus defectos.

No sobra recordar que los datos oficiales sobre incidencia delictiva apenas son una parte de los delitos realmente ocurridos. Con la única excepción de los homicidios dolosos, la gran mayoría de los delitos acaecidos no incluidos en los registros oficiales, son la "cifra negra".

Esto en principio podría remediarse con las encuestas de victimización. Pero, por un lado, tenemos fuertes reservas sobre la confiabilidad de los resultados de las encuestas del INEGI y su metodología y, por otro, esas encuestas no tienen nivel de desagregación municipal.

Índice de Violencia Municipal

El cálculo de las tasas de incidencia por cada 100 mil habitantes revela que los municipios están más o menos afectados por cada uno de los seis delitos violentos, pero por sí mismos no tienen derecho a responder la pregunta: ¿Cuál es más violento que otro impuesto las tasas? de los distintos delitos?

Es decir, con un índice de violencia se trata de tener un solo parámetro capaz de especificar en forma unitaria las tasas de incidencia de cada uno de los seis delitos.

Una forma simple, pero muy inexacta, de responder a la pregunta sería elaborar un promedio de las tasas de los delitos, para luego ordenar los promedios y así determinar qué municipio corresponde la primera posición - es el más violento- y después el resto .

Para medir la magnitud de la violencia es necesario reconocer tantos sus aspectos puramente cuantitativos como cualitativos y, para el segundo, las observaciones objetivas y subjetivas.

Los delitos violentos y en general todo tipo de delitos no se presentan en cantidades iguales, en tiempo y espacio, ni tienen efectos iguales. Objetivamente el efecto de un homicidio es mucho mayor al de un atraco o una extorsión.

Pero además, los delitos están tipificados y merecen penas diferenciadas, según su categoría y diversas condiciones en que tienen lugar. La sentencia prevista por el código penal para cada delito expreso la intensidad del reproche que la sociedad hace a quienes violentan sus reglas de convivencia y el reproche es diferenciado, según el grado en que ella se siente vulnerada y amenazada.

Para elaborar el índice, por tanto, no puede darse cuenta de una calificación igual a los seis delitos, sino una ponderada, en atención a su gravedad, impacto, trascendencia y perjuicio a las víctimas directas e indirectas.

Pero esta es la dimensión cualitativa del asunto, pero ¿la cuantitativa? Por ejemplo, los robos con violencia o las lesiones dolosas son más frecuentes que los homicidios o los secuestros, es decir los menos graves suelen ser más frecuentes que los más graves ¿Cómo integrar entonces este aspecto?

Este punto ya está resuelto en principio con, la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes, la cual permite hacer comparaciones entre jurisdicciones de igual categoría (municipios con municipios, entidades federativas con entidades federativas), pero con diferencias de población y de incidencia delincuente.

El componente que realmente falta es el peso específico específico o valor ponderado a dar a cada delito. La idea es que el índice resulte de multiplicar las tasas por el valor ponderado que a cada tipo de delito se haya asignado. Al otorgarse estos valores ponderados se corrige la diferencia entre frecuencia y gravedad de los delitos.

En tal sentido, considere la calificación del índice requerido expreso sobre la base de 100 puntos y distribuya esta cantidad entre los diferentes delitos, del modo siguiente:

• 55 puntos por homicidio doloso
• 22 puntos por habitación
• 13 puntos por violación
• 4 puntos por lesiones dolosas
• 3 puntos por robos con violencia
• 3 puntos por extorsión

La asignación de estos valores no es caprichosa, responde a criterios justificados y fijos, que toman en consideración:

• El reproche diferenciado que las leyes penales hacen a los distintos delitos.
• Las condenas que en efecto se imponen a los autores de los distintos delitos (dentro de los márgenes de mínima y máxima pena).
• La trascendencia objetiva del delito.
• La duración (promedio) del evento criminal.
• Los perjuicios físicos, económicos y psicológicos que el delito causa las víctimas directas e indirectas.
• La perdurabilidad del trauma causado por el evento criminal.
• Las posibilidades en principio de la recuperación de la víctima
• El efecto que para el conjunto social tiene cada tipo de delito.

El homicidio doloso es el delito más grave porque objetivamente es el más perjudicial, al imponer a la víctima un daño definitivo, irreparable e irreversible. Por eso, por constituir la más intolerable de las faltas, el reproche penal es el más severo. Sólo cuando en otros delitos se presenta la agravante de la muerte de la víctima, se equipara la condena reservada para los autores de homicidio. En promedio la condena del homicidio calificado suele duplicar o más la del siguiente delito más grave, que es el segundo.

El homicidio doloso supera por sí misma dada su gravedad a los cinco delitos violentos restantes, incluso en su conjunto, de ahí que se le atribuya 55 de los 100 puntos.

El siguiente delito en escala de valoración es el segundo, cuya gravedad supera a los cuatro restantes en virtud de que:

• Bajo las condiciones de secuestro la víctima se encuentra bajo la amenaza real y con frecuencia materializada de sufrir asesinato, violación, tortura, lesiones y mutilación.
• Mientras que la duración de los otros eventos criminales se mide en minutos, el plagio se prolonga por días y semanas. Durante ese tiempo no solo la víctima directa sino sus allegados viven una situación permanente de crisis.
• Los secuestros producto un daño patrimonial mucho más severo y productor un trauma que suele prolongarse por el resto de la vida, incluso de manera más persistente que la infección.

Por eso se le atribuyen los 22 puntos que casi equivalen a la mitad de los asignados al homicidio.

Tras del secuestro en la escala se considera el delito de violación, ya que aunque los eventos suelen ser de menor duración que los secuestros, pueden ser una forma extrema de humillación de la víctima y también producen un trauma psicológico mucho más prolongado que el que afecta de las lesiones dolosas Con frecuencia las lesiones suelen ser acompañadas por lesiones y robos. Por estos argumentos se atribuye, para efectos de construcción del índice, 13 puntos a este delito, es decir poco más del 50% que se atribuye al delito de secuestro.

En esta lógica de valoración, restan 10 puntos de 100 que se reparten entre los delitos de lesiones, robo con violencia y extorsión.

¿Por qué otorgar 4 puntos a lesiones y no más? Para comenzar en realidad no se trata solo de lesiones sino de “golpes y lesiones” y la mayoría de estos casos, se da en el marco de riñas.

La información sobre la incidencia de las lesiones dolosas no hace distinción entre agravadas y no agravadas, es decir entre las amenazas que causan daños severos y duraderos (además de poner en riesgo la vida) y las que no.

Por otro lado, la información judicial sobre la gravedad de las sentencias no distingue entre lesiones dolosas y culposas, pero sus datos dan una idea aproximada de la gravedad de las lesiones. En 2011 de las 12.902 sentencias condenatorias impuestas a los responsables de lesiones, el 81% fue de 3 años o menos de prisión y el 93% de 5 años o menos de prisión.

En el siguiente lugar en la escala de valoración figuran los delitos de robo con violencia y extorsión. En el primero se hace un mayor uso de la violencia física y crea riesgos de lesiones y homicidios que el segundo, pero la extorsión, sobre todo cuando se torna periódica, provoca en las comunidades una sensación profunda de inseguridad y falta de autoridad, además de causando perjuicio económico más severo y prolongado que la gran mayoría de los atracos. Por tener una gravedad equivalente, al balancear sus agravantes y atenuantes, se concede un valor similar a estos dos delitos.

Una vez establecidos los valores ponderados de los seis delitos, en la construcción del índice proceden multiplicar las tasas por los valores o factores de ponderación de cada delito. Las cantidades resultantes se suman y dan el puntaje del índice de violencia de cada municipio.

Pero la multiplicación no se hizo por enteros, sino por decimales: en lugar de 55 el valor fue 0.55 por homicidio, 0.22 por segundo y así sucesivamente. El propósito es que los resultados se expresan en decenas, las cuales permiten una mejor visualización de las cantidades que en centenas o millares. Pero debe aclarar que el índice no es una escala de 1 a 100 ni un porcentaje; los puntos pueden ser más o menos de 100.

Ahora bien, ¿por qué en lugar de multiplicar los factores de ponderación por tarifas no hacerlo por las posiciones restringidas de los municipios según sus tarifas? Porque aunque la ordenación es útil, no expresa a cabalidad la magnitud de las diferencias de la incidencia criminal entre municipios, incluso en posiciones específicas.

En el presente documento se exponen los resultados parciales de la multiplicación de las tasas por los factores de ponderación por cada delito y la suma de los mismos lo que da el puntaje de cada municipio en el índice de violencia.

Cuatro advertencias necesarias

1) Hay diferencias importantes entre este estudio y el de las 50 ciudades más violentas del mundo. Y las principales diferencias son:

a) Este estudio es sobre municipios de México de 100 mil o más habitantes; el otro es sobre ciudades de 300 mil o más habitantes.
b) Las ciudades pueden incluir uno o más municipios.
c) Este estudio es respecto a 6 delitos y el otro es respecto a homicidio doloso críticos.
d) En este estudio se utilizarán los datos de “delitos” del SNSP y en el otro sobre víctimas de homicidio doloso. Luego, están fuera del lugar las quejas de autoridades municipales porque su municipio figura con una tasa en este estudio y una más elevada en el otro.

2) Las cifras oficiales sobre extorsión son muy poco dignas de crédito, como se desprende de la simple lectura de notas periodísticas, los informes telefónicos de extorsión y las encuestas del INEGI (con las reservas que tenemos frente a ellas), indican que la incidencia d este delito es mucho mayor. En este caso, la cifra oculta hace casi insignificante el registro oficial.

3) El ranking municipal, por la dinámica de la población, no presenta en cada año el mismo número de municipios, sino una cifra creciente en la medida en que más demarcaciones alcanzan la cifra de 100 mil o más habitantes.

4) Dadas las diferencias en el cálculo de las tarifas, no es recomendable comparar las de 2013 con las de 2014, 2015, 2017 y 2018, sino solo las posiciones específicas. Recuérdese que en 2013 en el caso de los homicidios las cifras son víctimas del número de delitos o víctimas, mientras que en 2012, 2014, en 2015, 2017, 2018 y en 2019 se trata de las cifras oficiales, con los problemas y antes comentados.

Por la misma razón tampoco es recomendable comparar los puntajes en el Índice de Violencia de diferentes años, sino sus posiciones específicas.


2. Principales hallazgos

• Desde el estudio de 2017 anunciamos sobre una reconfiguración del mapa de la violencia. Primero, los estados del norte del país, con excepción de Baja California, dejaron de ser de los más violentos para ceder ante la mayoría de los estados del litoral del Pacífico. Después, en 2018, Guanajuato, en la región de El Bajío, se convirtió en otro epicentro de la violencia. Este cambio se acentuó en 2019.

• De los 238 municipios afectados, resultante que Campeche tiene 2 municipios de 100 mil habitantes o más, pero ambos están entre los 50 más violentos (100%); Oaxaca tiene 3 municipios, pero igualmente los tres son de los 50 más violentos (100%); Colima tiene 4 municipios, pero 3 entre los 50 más violentos (75%); Guanajuato tiene 16 municipios de más de 100 mil habitantes, pero 11 de ellos (68.75%) son de los 50 más violentos; Quintana Roo tiene 3 municipios de más de 100 mil habitantes, pero dos entre los 50 más violentos (66.67%) y Baja California 5 y 3, respectivamente (60%).

• En 2019 el municipio de Playas de Rosarito fue el más violento del país con 103.70 puntos; el segundo municipio más violento fue Manzanillo (86.87 puntos) y el tercero fue Tijuana (85.71 puntos).

• De los 238 municipios del estudio, 121 presentan un índice de violencia superior al nacional y que es de 26.81 puntos (En 2018 fueron 104 los municipios que rebasaron el índice de violencia nacional). Y siete de los 20 municipios más violentos están en Guanajuato.

• En Baja California, Morelos, Oaxaca y Zacatecas, el 100% de los municipios que incluyen el estudio a su vez forman parte de los 121 con un índice de violencia superior al nacional. En Guanajuato y Guerrero más el 80% de los municipios que se incluyen en el estudio a su vez forman parte de los 121 con un índice de violencia superior al nacional.

• En 2018, el municipio con la tasa más alta de homicidios fue Playas de Rosarito con 137.79 por cada 100 mil habitantes. En segundo lugar figuró Manzanillo con una tasa de 133.21 homicidios por cada 100 mil habitantes y en tercer lugar Tijuana con una tasa de 114.05.

Ochenta y dos de los 238 municipios presentan tasas de homicidio superiores a la nacional que en 2019 fue de 24.00, según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

De los 20 municipios con mayores tasas de homicidios, siete corresponden a Guanajuato y tres a Baja California.

• En 2019, por segundo año consecutivo, fue Martínez de la Torre, Veracruz el municipio con la tasa más alta de segundos: 15.30 por cada 100 mil habitantes (casi el doble del año pasado), que es 14 veces más elevada que la tasa promedio para el país: 1.04.

En la segunda posición se colocó Tecomán, Colima con una tasa de 8.29 y en la tercera Orizaba, Veracruz con una tasa de 8.23.

Entre los 20 municipios con tasas más elevadas de habitaciones nueve fueron de Veracruz y 3 de Morelos.

• Noventa y dos de los 238 municipios que tienen tasas de habitación superiores a la media nacional (1.04). Pero la buena noticia es que en 70 municipios no se registraron secuestros.

• Campeche, Campeche presentó la tasa más alta de críticas con 52.24 por cada 100 mil habitantes, la cual es casi cuatro veces la tasa nacional de 13.47.
En segundo lugar figuró Pesquería, Nuevo León con una tasa de 42.28 violaciones por cada 100 mil habitantes y en tercero Cuautla, Morelos, con una tasa de 40.34.

• De los 20 municipios con tasas más altas de tasas tres correspondieron a Hidalgo.

Asimismo, de los 238 municipios en 113 las tasas de violación fueron superiores a la nacional (13.47).

• Guanajuato, Guanajuato presentó la tasa más elevada de lesiones dolosas (486.48 por cada 100 mil habitantes), la cual cuadruplica la media nacional (121.95).

En segundo lugar figuró San Miguel de Allende, Guanajuato con una tasa de 416.59 lesiones dolosas por cada 100 mil habitantes y en tercero Pachuca, Hidalgo, con una tasa de 386.77.

• De los 20 municipios con tasas más altas de lesiones dolosas ocho correspondieron al Estado de México y seis a Guanajuato.
Asimismo, de los 238 municipios en 123 las tasas de lesiones dolosas fueron superiores a la nacional (121.95).

• En 2019 fue Ecatepec, México el municipio con la tasa más alta de robos con violencia: 964.15 por cada 100 mil habitantes, que casi quintuplica la tasa promedio para el país: 218.69.

En la segunda posición se colocó Centro, Tabasco con una tasa de 944.42 y la tercera Celaya, Guanajuato con una tasa de 897.63.

Entre los 20 municipios con tasas más elevadas de robo con violencia nueve fueron del Estado de México y cuatro de Ciudad de México.

• Noventa y tres de los 238 municipios que tienen tasas de robo con violencia superior a la del promedio nacional (218.69).

• Zacatecas, Zacatecas, por segundo año consecutivo presentó la tasa más alta de extorsiones con 55.62 por cada 100 mil habitantes, la cualidad es 61.37% superior a la del año anterior y casi nueve veces la tasa nacional de 6.53.

En segundo lugar, figuró Zumpango, México, con una tasa de 32.41 extorsiones por cada 100 mil habitantes y en tercer Fresnillo, Zacatecas, con una tasa de 31.96.

• De los 20 municipios con tasas más altas de extorsiones ocho correspondientes al Estado de México y tres a Zacatecas), esto es, la totalidad de los incluidos en el estudio).

Asimismo, de los 238 municipios en 120 las tasas de extorsiones fueron superiores a la nacional (6.53).

 

                                           

               


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