Impunidad - Seguridad, Justicia y Paz

Todo empezó el viernes 26 de septiembre a eso de las nueve y media de la noche. Un grupo de estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa secuestró tres autobuses de la central camionera de Iguala.

El asesinato de 6 personas y la desaparición de 43 estudiantes normalistas el 26 de septiembre se podrían haber evitado si quien ordenó estas atrocidades, José Luis Abarca Velázquez, presidente municipal de Iguala, Guerrero hubiera estado preso.

El experto en temas de seguridad nacional y presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. (CCSPJP), José Antonio Ortega, señaló que en el secuestro y homicidio de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la guerrilla podría ser uno de los factores tras este hecho.

María de los Ángeles Pineda, esposa del ex Alcalde de Iguala, José Luis Abarca, incrementó su poder en este Municipio al margen de su propio cónyuge.

Bajo coordinación del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (Cisen), diversas dependencias de seguridad nacional se movilizan para responder a las nuevas amenazas realizadas por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), grupo guerrillero con casi dos décadas de existencia en México, que está llamando al enfrentamiento directo contra el estado, y particularmente contra los “Guerreros Unidos”.

El Gobierno Federal no ignoraba que a Rogelio Ortega, el gobernador sustituto de Guerrero, lo habíamos denunciado penalmente en 2009 por presuntamente haber cometido secuestros, unos en alianza con las FARC. Pero aun así decidió apoyarlo y fue recibido en Los Pinos por el Presidente Enrique Peña ¿Por qué?