Esta semana, el secretario de Gobernación, Osorio Chong, hizo dos reconocimientos. Primero: aclarar que no se cuenta con un instrumento para decir que los integrantes de los grupos de autodefensa tienen que ver con la delincuencia (La Jornada, 19/ago/2013).

Segundo: "Estamos en diálogo con los que verdaderamente tienen o nacieron con el objetivo de proteger a sus comunidades y orientándoles a que no pueden estar trabajando por su cuenta al margen de la ley" (Reforma, 22/ago/13).

Pero el hecho es que a los integrantes de las autodefensas se les detiene, salvo algunas excepciones, por portar armas de uso exclusivo del Ejército y, en ocasiones, por el sólo hecho de portar armas (pisponeras, escopetas, pistolas de bajo calibre).

Dicho de otro modo, no se les detiene ni se les desarma por haber cometido algún delito con las armas en cuestión, sino por el simple hecho de portarlas sin el permiso correspondiente, tal como lo establece la Ley Federal de Armas.

Sobra advertir, sin embargo, que el desmantelamiento de las autodefensas en municipios como La Ruana y Buenavista Tomatlán, en Michoacán, dejará esas comunidades a merced, como ya lo estuvieron, del crimen organizado.

Mientras eso sucede, los asambleístas del PRD en la Ciudad de México reformaron el Código Penal para dejar en libertad a los vándalos que atacaron a la policía y causaron destrozos a vehículos y comercios, el 1o. de diciembre de 2012, en protesta por la toma de posesión del presidente de la República.

Ese mismo show, con mayor violencia, se repitió en la conmemoración del 10 de junio, el jueves de Corpus. Los policías fueron atacados, heridos con palos, piedras y aerosoles -a modo de pequeños lanzallamas-, pero resistieron estoicamente las embestidas.

Al final del día, los asambleístas perredistas reunieron fondos para pagar la fianza y liberar a la horda de vándalos.

Esta semana, para no quedarse atrás, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con fuerza en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, sitió la Cámara de Diputados, atacó a la policía, rompió cristales, incendió un automóvil y destrozó otros.

Ante el vendaval, el presidente de la Cámara de Diputados, el priista Arroyo Vieyra, declaró orondo: "Yo lo que creo es que cambiar las malas costumbres de muchos años está costando mucho trabajo, que vencer reticencias está costando mucho trabajo, que tratar de tener una mejor educación está costando mucho trabajo. Pero les voy a decir una cosa: tenemos que seguir intentándolo".

La horda de maestros enardecidos no sólo no fue contenida y detenida, sino que además fue premiada: los diputados congelaron la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es clave en la reforma educativa promulgada por el Congreso.

El motivo es de todos conocido, la CNTE se opone a cualquier forma de evaluación de los maestros, a pesar que el método y las consecuencias de dicha prueba sean laxos. Por eso no había ni hay forma de alcanzar un acuerdo.

La impunidad de los maestros es completa: no sólo no fueron detenidos por los actos de violencia y por someter a los diputados a una presión ilegal, sino que además han seguido percibiendo sus salarios y no han sido objeto de ninguna sanción administrativa.

La primera reflexión que esta serie de hechos impone es que el Estado mexicano aplica dos varas y dos medidas a los ciudadanos en general y, en particular, a las autodefensas y los maestros.

Los primeros no hacen más que defenderse, invocando el derecho a la legítima defensa, consagrado en la Constitución, por los medios a su alcance. Lo hacen para suplir un vacío del Estado, que incluye la complicidad de autoridades y presidentes municipales con el crimen organizado.

Los segundos defienden privilegios injustificables: herencia de plazas, no evaluación, ausentismo, etcétera, por medio de la violencia. Lo hacen, además, en la capital de la República presionando y doblegando, primero, a la Cámara de Diputados y, ahora, sitiando al Senado.

Los vasos comunicantes entre la CNTE y el PRD están ampliamente documentados. Por eso no sorprende que hayan sido los perredistas quienes abogaron por congelar la Ley de Servicio Profesional Docente.

Y sorprende, a medias, que los priistas se hayan sumado a dicha iniciativa con tal de evitar el conflicto o correr el riesgo que el PRD abandonara el Pacto por México.

Los panistas, por su parte, fueron consecuentes y se opusieron, pero tampoco pueden lanzar la primera piedra porque han tejido, una y otra vez, alianzas electorales con los perredistas.

A la luz de lo ocurrido con la reforma educativa, uno no puede dejar de preguntarse qué es lo que pasará con la reforma energética.

El gobierno de la República reculó, a las primeras de cambio, ante la violencia y la intransigencia de un movimiento que es condenado ampliamente por la sociedad.

Según la encuesta de Reforma (22/ago/13), el 72 por ciento de los ciudadanos condena las acciones de los maestros en contra de la reforma educativa y el 73 por ciento considera que la principal tarea del gobierno del Distrito Federal es mantener el orden.

Así que vuelvo a la cuestión planteada: si el gobierno de Peña Nieto ha rendido la plaza a un movimiento violento e irracional, que es condenado por la opinión pública, qué hará ante las movilizaciones y protestas contra la reforma energética.

La respuesta, a partir de esta experiencia, es que reculará a mayor velocidad. Así que lo dicho. El Estado de derecho en México es uno para los desvalidos y otro para los violentos... con las consecuencias correspondientes.

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