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En diciembre antepasado un empresario fue despertado por una llamada de uno de sus restaurantes. Era el gerente desesperado que le decía que el sindicato había puesto banderas de huelga e impedía entrar a los trabajadores. El empresario llamó al líder de su sindicato, el que tenía el contrato de su negocio, quien le dijo: "No, no somos nosotros. El contrato está vigente y sin problemas".

La detención del doctor José Manuel Mireles reveló con crudeza las prioridades de seguridad del gobierno del Presidente Enrique Peña: es más importante acallar a la víctima que se queja por la enfermedad, que actuar contra los agentes que la provocan; es preferible encarcelar a quienes han hecho uso de su legítimo derecho a la autodefensa frente a quienes impusieron un brutal expolio criminal contra los michoacanos, que actuar contra los agresores y sus protectores.

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