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El Compromiso 61 del Pacto por México, referente a la industria minera, dice: “Se expedirá una nueva Ley para la Explotación Minera que revise el esquema de concesiones y pagos de derechos federales vinculados a la producción (…) Se llevarán a cabo mecanismos de concertación para respetar las tradiciones y la cohesión social de las comunidades en cuestión.”

En México, la utilización de la figura jurídica del arraigo se mantiene constante, a pesar de que han sido diversas las voces que se han manifestado en contra de ésta, las cuales han tenido un enfoque de rechazo hacia la misma, entre las que se encuentran algunos organismos internacionales que han pugnado fuertemente porque se deje fuera de operación.

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