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Dos ex gobernadores, Andrés Granier (de Tabasco) y Luis Armando Reynoso (de Aguascalientes), tienen un pie en la cárcel y podrían terminar con los dos en breve. El primero es, al parecer, responsable de la malversación de casi mil millones de pesos, mientras el segundo ha sido acusado de compras simuladas por 25 millones de pesos.

Robar el dinero de los contribuyentes es algo sumamente grave. Pero hay conductas peores que esas.

En 2010 publiqué el libro “México: ¿rumbo al Estado fallido?”, para alertar sobre el peligro de que nuestro país se siguiera deslizando hacia una situación en la que el poder público pierde el monopolio de la violencia, sobre todo frente a los grupos criminales.

No afirmé que México ya estuviera en la condición de Estado fallido, pero lo que sí era un hecho es ya había algunas pequeñas partes del territorio nacional en las que el poder efectivo lo tenían los grupos criminales, no los gobernantes.

En diciembre de 1993 pocos sabían las características y alcance que tendría la sublevación en Chiapas, lanzada el 1 de enero de 1994 por el EZLN. Entre quienes conocían esos detalles no estaba el CISEN, por supuesto. Tampoco en junio de 2006 el CISEN sabía del motín que en Oaxaca estaban preparando el EPR y sus amigos y que se desarrolló por casi 6 meses.

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