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El análisis se basa en información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) en respuesta a una solitud de información pública, respecto a los enfrentamientos en los que los soldados participaron entre 2008 y 2016. La SEDENA, empero, proporcionó información sólo hasta la primera semana de abril de 2014. De cualquier modo el análisis de estos datos parciales arroja mucha luz sobre la realidad de las agresiones de los sicarios contra el Ejército y la respuesta de éste.

Para la construcción del mito de la “alta letalidad” del Ejército, los autories del CIDE echaron mano de uno de los recursos más extremos de la deshonestidad intelectual y la propaganda: elegir determinadas variables de la realidad que avalaran sus tesis pero desdeñar otras que las contradijeran. Tal fue el sentido de comparar el número de criminales muertos en enfrentamientos con el Ejército con el número de heridos.

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Tendencias y prospectiva de secuestro y extorsión en México

Según las cifras oficiales del SNSP en 2015 hubo una reducción en los secuestros del 24.44% al pasar de 1,395 a 1,054.

Pero como ya hemos expuesto estas cifras sólo expresan una parte del problema y ni siquiera hablamos de la cifra oculta, sino de plagios conocidos por autoridades públicas.

La PGR también recibe denuncias y la Policía Federal y las fuerzas armadas rescatan secuestrados y tienen conocimiento de casos no incluidos en los datos del SNSP.

En 2015 la SEDENA rescató por sí sola 164 víctimas de secuestro contra 1,154 en 2014 y la SEMAR a 34 frente a 36.

¿No confirma esto la baja que el secuestro ha tenido según las cifras del SNSP?

No. Lo que revela es el efecto que tuvo la campaña de linchamiento vs. la SEDENA, que se ha visto inhibida a rescatar víctimas: ellas han perdido; los criminales, ganado.

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Presentación: La violencia en los municipios de México 2015

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En 2011 la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal estimó que en el 40% de los secuestros (privaciones de la libertad con el propósito de reclamar rescate) estaban implicados en forma directa o indirecta los grandes grupos criminales, cuyo giro delictivo principal es el narcotráfico.

Pero a la fecha en más de la mitad de los secuestros de no-migrantes están implicados los grupos criminales y casi en la totalidad de los plagios de migrantes.

Pero las cifras de secuestros, al menos de los que tienen conocimiento las autoridades públicas, son muchos más que los que indican las cifras del SNSP, en primer lugar porque no se refieren a secuestros, sino de averiguaciones previas, que en muchas ocasiones incluyen el secuestro de más de una persona. Es hasta 2014 en que además de la contabilidad de averiguaciones previas se empezó a hacer la de víctimas y ha resultado que las víctimas suelen ser entre 25 y 30% más que las averiguaciones.

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La primera complicación en reconocer la magnitud del secuestro en México es que el SE-SNSP acaba de revelar que las cifras que ha dado son erróneas, que se refieren a averiguaciones previas no a víctimas-secuestro. Los plagios son entonces 19% más de lo que nos han dicho.

Pero las cifras del SNSP no consideran los plagios denunciados ante la PGR ni los de los rescatados por SEDENA y SEMAR.

Es decir, si se consideran las cifras de la PGR y las de SEDENA y SEMAR, los secuestros en 2013 – de los cuales autoridades públicas tuvieron conocimiento directo- son casi 100% superiores a los registrados por el SNSP.

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El primer problema para determinar la realidad de la seguridad en el Estado de México es lo poco confiables de sus cifras oficiales.

Del delito de extorsión en los años 1997 y 1998 y de 2001 a 2011 se reportó cero incidencia. Esto no es improbable sino falso.

Respecto al delito de homicidio doloso ha habido evidente manipulación de cifras o "rasurado", para simular una incidencia inferior a la real.

Entre 2003 y 2013 los secuestros aumentaron 138% (la población aumentó 15%).

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En 2012, en cuanto al número de secuestros, se habría producido una baja del 5.73%, en comparación con 2011, aunque la incidencia fue 356% arriba de la de 2004.

Pero estas cifras no consideran los plagios denunciados ante la PGR (938 en 2012) , ni aquellos en los que el ejército rescató a las víctimas, ni los secuestros exprés, ni el plagio de migrantes, ni la cifra oculta.

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Conforme a la estadística judicial que el INEGI acaba de publicar, en 2012 por cada 100 homicidios sólo se castigó a los responsables de 16. Es decir los autores de 84 de cada 100 asesinatos están impunes y libres de seguir asesinando.

La de 2012 es la segunda tasa de castigo más baja desde 1997 y casi tres veces más baja que la alcanzada en 2005.

Respecto al delito de robo, la situación es similar. Entre 1997 y 2005 la tasa de castigo fue creciendo, pero a partir de 2006 fue declinando. En 2012 sólo se castigó a los autores de 6 de cada 100 robos denunciados, mientras que en 2005 a los autores de 11 de cada 100 robos.

El delito de extorsión se ha disparado en México, como es sabido. Entre 1997 y 2012 se multiplicó por 8, al pasar de 876 a 7,272 el año pasado. La impunidad fue creciendo a la par. Mientras que en 2000 se castigó a los autores de 31 de cada 100 extorsiones, en 2008 sólo a 7 de cada 100.

Respecto al delito de secuestros los datos de impunidad son aparentemente sorprendentes. En 2012 se impusieron condenas a los autores de 90 de cada 100 plagios, esto es, habría un nivel de impunidad muy bajo.

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México ha vivido en el último lustro su mayor crisis de inseguridad y violencia en tiempos de paz.

México ha estado entre las 20 naciones con las tasas más elevadas de homicidios.

Ciudades mexicanas ha figurado entre las 50 más violentas del mundo.

Juárez fue la ciudad más violenta del mundo  en 3 años consecutivos. Acapulco es  la segunda más violenta.

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De los 160,727 presuntos delincuentes presentados ante los jueces, 75,000 fueron detenidos en cumplimiento de órdenes de aprehensión por las policías ministeriales.

Entonces, los 85,727 presuntos delincuentes restantes fueron detenidos en flagrancia por policías preventivos estatales y municipales.

Pero según los censos de gobierno del INEGI esas policías detuvieron y remitieron al ministerio público (MP) a 597,152 personas: de esas sólo el 14 % fueron acusadas.